Por: El Espectador

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Este artículo fue curado por Gustavo Arbelaez   Ene 29, 2024 - 2:26 pm
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La Procuraduría, en una decisión de primera instancia, destituyó del cargo e inhabilitó por 10 años para ejercer cargos públicos al patrullero de la Policía William Moreno Terán. Un uniformado que era todo un socio del ‘Clan del Golfo‘ en el Urabá antioqueño.

Moreno Terán era parte del comando de Policía de Chigorodó (Antioquia) y fue juzgado por acordar con miembros del grupo armado organizado la entrega de información, de manera recurrente, sobre la presencia, movimientos y tareas de la Fuerza Pública en esa zona y lugares cercanos.

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“La entidad encontró que el servidor público utilizó su cargo para facilitar actos delictivos, trasmitiendo datos de la institución en la región a través de mensajes de texto y llamadas telefónicas, a cambio de recibir cada quince días una remuneración económica”, explicó el Ministerio Público.

La Procuraduría, que suspendió al canciller, encontró que, definitivamente, hizo todo lo contrario a lo que se esperaba para su función pública, que era proteger a la comunidad y ser un ejemplo para la sociedad. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento número 1 lo sancionó por una falta considerada gravísima.

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Por otro lado, la Procuraduría emitió una alerta sobre posibles problemas de articulación interinstitucional para abordar las emergencias causadas por los casi 900 municipios en alerta por incendios forestales, sequías y el fenómeno de El Niño. Se instó a los responsables de las carteras ministeriales de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa, Minas y Energía, así como a las direcciones de Bomberos y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a tomar medidas para la adecuada prevención y atención de emergencias. La Procuraduría también solicitó al Ideam garantizar el acceso a la información sobre el Fenómeno El Niño y los Boletines diarios de Pronóstico de la Amenaza por Incendios en su página web.

La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, calificó las emergencias como “muy críticas”, con 883 municipios en alerta por incendios forestales, 582 en alerta roja y 89 en alerta por desabastecimiento de agua. La Procuraduría enfatizó que el cambio climático requiere acciones concretas y no solo declaraciones, instando a la vigilancia del cumplimiento de responsabilidades para anticipar hechos que puedan vulnerar derechos humanos o amenazar el ejercicio de la función pública.

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