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El Pacto Histórico ha tomado medidas en medio de la creciente tensión entre el presidente Gustavo Petro, la Fiscalía y la Procuraduría General de la Nación al presentar una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusando al Estado colombiano de una presunta ruptura institucional.
Esta denuncia, respaldada por la firma de 16 congresistas, exige a la CIDH que inste al Estado colombiano a respetar los principios democráticos.
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El partido político afirma mediante la carta que existen “serias violaciones a los principios democráticos y a los derechos humanos” por parte del Estado colombiano.
En particular, señalan a la Fiscalía General de la Nación de socavar la democracia a través de “actos con el propósito de desestabilizar y eventualmente destituir al gobierno democráticamente electo”, describe la carta.
La denuncia menciona específicamente la suspensión del Canciller, Álvaro Leyva Duran, como parte de “una estrategia mayor para desestabilizar el gobierno”. También, agregó que Petro había expresado su preocupación por lo él que describe como una “ruptura institucional y constitucional” en el país.
Entre los actos que se consideran parte de esta supuesta ruptura institucional se incluyen las investigaciones contra funcionarios del Gobierno.
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”La Fiscalía General de la Nación usa la institución para llevar a cabo una persecución política contra el gobierno. Esto se manifiesta en las investigaciones en contra del Presidente de Ecopetrol y del Superintendente de Servicios Públicos, este último por haber sido presidente del partido Colombia Humana, ha realizado allanamientos a sindicatos, acciones que el Presidente Petro describe como parte de una ruptura constitucional”, dice el documento presentado a la CIDH.
Por todos estos hechos, el partido, que acusó a los entes de tener sesgos políticos, pide a la entidad internacional que “se realice una investigación imparcial”.
“Esta situación demanda la atención urgente de la comunidad internacional para garantizar la protección de los derechos fundamentales y el mantenimiento de la institucionalidad democrática en Colombia”, finaliza la carta.
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