Para esto, los ministerios de Agricultura y del Interior deberán elaborar unos “estudios complementarios” al censo, junto con el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), explica el portal Dejusticia.
Las entidades gubernamentales deberán “precisar el concepto de campesino” e identificar sus condiciones actuales”, algo que no se lograba con las preguntas del formato actual del censo.
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La orden del Alto Tribunal responde a una acción de tutela presentada por 1.770 campesinos que se consideraron excluidos del censo, en noviembre.
Los campesinos habían propuesto dos soluciones incluyentes: “Aplicar un formulario específico sobre la ‘categoría campesinado’, que se diligenciaría al mismo tiempo que el censo poblacional, en la etapa puerta a puerta”, o bien la elaboración de “un estudio estadístico complementario al censo poblacional” desde el Gobierno nacional, detalla Dejusticia.
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