Ordóñez hace proselitismo con preguntas sobre proceso de paz: Presidencia

El Gobierno considera "improcedente a la luz de la normativa constitucional" responder los 60 interrogantes planteados por el Procurador.

 
Foto: Procuraduría

“La intención del cuestionario no es la de obtener información relativa a los acuerdos alcanzados en la mesa de negociaciones en La Habana, que por demás es pública, sino adelantar una actividad de control político contra el Presidente de la República, más afín al proselitismo partidista que a las funciones del Ministerio Público”, dice Enrique Riveira Bornacelli, secretario privado de la Presidencia, en una carta enviada a Alejandro Ordóñez.

Riveira Bornacelli, además, comenta que algunas de las preguntas planteadas por Ordóñez giran sobre asuntos que ya han sido explicados en los acuerdos con las Farc.

El secretario de Presidencia también señala que otros de los interrogantes tienen afirmaciones “que revelan una posición política”, y sugiere que el cuestionario busca indagar sobre por qué no se han seguido los caprichos del Procurador.

Adicionalmente, muchas de las preguntas “pretenden confundir a la ciudadanía, pues sugieren que lo convenido con las Farc les permite continuar en su actividad delincuencial”, añade Riveira Bornacelli.

La carta de la Presidencia concluye con este párrafo:

En el reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la ley de plebiscito, este alto tribunal resaltó la prohibición absoluta que recae sobre los servidores públicos de los organismos de control de participar en actividades de proselitismo político”.

La misiva fue publicada por varios medios, incluido Caracol Radio.

Ordóñez, por su parte, reaccionó a la carta de Presidencia con un mensaje publicado en Twitter:

Además, el Procurador publicó un comunicado en el que asegura que el Presidente “está obligado, como cualquier otro funcionario, a responder las preguntas que le haga el Ministerio Público”.

“El artículo 284 de la Constitución consagra que salvo las excepciones previstas en la Constitución y en la ley, el Procurador General de la Nación podrá ‘requerir de las autoridades informaciones necesarias para el ejercicio de sus funciones, sin que pueda oponérseles reserva alguna'”, añadió Ordóñez.

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