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Por considerar que el tiempo para demandar había caducado, el Consejo de Estado negó una demanda de reparación a favor de siete militares que pedían reparación por los años que pasaron secuestrados por la extinta guerrilla de las Farc, viviendo en condiciones inhumanas, padeciendo todo tipo de violencias y en situaciones extremas.
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En este caso, los miembros del Ejército Nacional fueron secuestrados el 3 de marzo de 1998 en una de las tomas más violentas en la historia de la guerrilla ocurrida en El Billar, en Cartagena del Chairá, Caquetá. Allí 61 militares murieron y otros 43 fueron secuestrados, incluyendo población civil.
El soldado profesional (r) Nelson Enrique Rada Pérez narró cómo compartió una temporada en cautiverio con entonces cabo Pérez Medina. Contó también cómo fue el momento de su secuestro en El Caguán, Caquetá. "Sentí la muerte de cerca, pensé que me iban a matar", contó Rada.
— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) March 19, 2024
La toma guerrillera se prolongó durante tres días. Al asedio de los guerrilleros se enfrentaron los soldados que al final cayeron ante la ventaja de los criminales. Entre los militares secuestrados estaban José Miguel Arteaga, Nelson Enrique Rada Pérez, Alexander Guerra Llanos, Darío de la Rosa Sánchez, Nilson Leandro Sánchez Rojas, Epifanio Sarmiento Santos y Edilberto López Beltrán.
Desde el momento del secuestro, los uniformados mantuvieron encerrados en jaulas, eran sometidos a largas caminatas en condiciones extremas. No recibían alimentación y padecieron tortura física y psicológica, entre otras.
“Llegamos a una especie de jaulas, donde empezó otro sufrimiento. El trato era cruel, inhumano, dormíamos entablados, no teníamos derecho a una cobija para el frío en las noches. Con el tiempo surgieron otras adversidades con ellos porque nos sacaban a cortar leña y había noches que llegaban con sus fusiles gritando: ‘salgan todos’. Decía en mi mente nos mataron”, contó en libertad el soldado (r) Nelson Rada.
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Años después y tras padecer la desgracia del secuestro, el 30 de junio de 2001, todos excepto el sargento primero Arteaga, fueron liberados. Arteaga recobró la libertad ocho años más tarde, el 2 de julio de 2008 en la Operación Jaque.
Una vez libres, los militares demandaron a la Nación por los perjuicios morales y daños causados durante los años en cautiverio. Argumentaron que hubo una falla en el servicio, que era responsabilidad de la Nación capacitar a los soldados y, en cambio, para ese momento las tropas no tenían experiencia.
Consideraron además que los soldados no contaban con dotación de armas suficientes para defenderse y que pese a que los guerrilleros habían sido detectados, no hubo reacción oportuna para evitar la masacre y posterior secuestro.
Al estudiar el caso, en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó la demanda. Los militares apelaron y en segunda instancia el Consejo de Estado ratificó la decisión del Tribunal y confirmó negar las pretensiones de los militares. El argumento, aunque insólito, fue que las víctimas excedieron los dos años para demandar en estos casos. Es decir que los militares tuvieron plazo para pedir su reparación hasta el 1 de julio de 2003 y, para el caso de Arteaga, hasta el 3 de julio de 2010.
“Reconoce como un hecho notorio el drama humanitario que causa el secuestro, así como la situación de vulnerabilidad de las víctimas de este delito, lo que obstaculiza y dificulta el acceso a la administración de justicia, lo cierto es que dentro del plenario no obra prueba que permita determinar que a la parte accionante le fue imposible acceder a la jurisdicción durante los años posteriores al momento en que recobraron su libertad”, explicó el Consejo de Estado en su decisión.
El alto tribunal se apoya en que los militares tenían pleno conocimiento de las vulneraciones padecidas al día siguiente de la liberación, por lo que no se entiende por qué solo hasta el año 2018 radicaron la demanda de reparación.
“Es dable inferir que las víctimas y ahora demandantes, conocieron del daño que se le imputa al Estado desde el día siguiente en que recobraron su libertad, comoquiera que desde entonces cesó todo impedimento material para acudir a la jurisdicción contenciosa”, dice el fallo.
La decisión fue remitida a la JEP donde avanzan procesos para la reconstrucción de la verdad durante los años de guerra con las Farc. Hace unos días dos de los militares, que no serán indemnizados, contaron sus testimonios y relataron las duras pruebas padecidas. Aunque los años han pasado ellos aún recuerdan con dolor y desesperanza el tiempo en cautiverio, en el que a cada segundo temían por sus vidas.
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