Colombia comienza un nuevo año con un panorama político muy parecido al de un tablero de ajedrez, es decir, con marcados cuadros blancos y negros, sobre todo por las declaraciones y actitudes del presidente Gustavo Petro. Desde cuando se conocieron los resultados de las elecciones regionales del año pasado, el mandatario prácticamente clasificó a los nuevos gobernantes entre quienes considera que son de su cuerda y los que no.
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Precisamente, una de las primeras cosas que hizo el jefe de Estado fue organizar una reunión con los gobernadores que, según él, ganaron en regiones afines a su ideario político. A los otros los dejó para después, provocando una primera sensación de preferencias que socava la idea de que gobierna para todos los colombianos.
Y lo mismo acaba de hacer con los alcaldes. Un día después de que se posesionaron, y pese a que muchos de ellos le tendieron su mano para que los gobiernos locales trabajen con el Gobierno Nacional en los puntos de encuentro y dejen de lado las cosas que los diferencian, Petro malinterpretó al mandatario de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y, de paso, les mandó un avisó a los que no se alineen con sus propósitos.
Petro tomó la afirmación de Galán durante su campaña de “construir sobre lo construido” —cuando aseguraba que seguiría con el metro de Bogotá que contrató y comenzó a construir Claudia López—, y aseguró que lo que significa eso es “hacer más troncales de Transmilenio”. Es claro que una cosa no tiene que ver con la otra, pero Petro lo presentó así para lanzar un aviso a los demás mandatarios locales del país.
Según Petro, es “hora de hacer rupturas tecnológicas y sociales”. Y luego lanzó una suerte de reto-concurso: “Veremos que [sic] ciudad se le mide”. Después, anunció un ‘premio’ para esa ciudad (o ciudades) que se les mida a las rupturas que plantea: “La apoyaremos con toda”. Una de las primeras preguntas que surgió es qué pasará con las ciudades que no lo hagan. ¿No tendrán apoyo del Gobierno Nacional?
Con estas afirmaciones, el presidente sigue dibujando un tablero de ajedrez con blancos y negros bien definidos, algo que provoca expectativas con respecto a la forma en que se establecerán las relaciones entre su Gobierno y los de las ciudades y departamentos. Más allá de su discurso de unidad nacional, al que no se le ha visto la figura desde que comenzó su gobierno, sigue dejando en el aire un tufillo de discriminación.
Esta situación ofrece un horizonte con nubarrones para Colombia porque a Petro le queda un poco más de dos años y medio de gobierno frente a los cuatro que deben cumplir los mandatarios locales y regionales recién posesionados. Es decir que al país se le podrían venir más de dos años de tensiones entre los niveles central y regional si persisten los gestos de segregación del presidente, que parece ver únicamente como terreno fértil para su gestión el unanimismo. Nada de discrepancias.
De unanimidad se habla cuando dos o más personas tienen un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. Y eso es imposible en las democracias liberales, en las cuales los diferentes puntos de vista resultan enriquecedores porque se entienden como aportes para el avance y no como pesadas cargas que lastran el desarrollo de las ideas de una sola persona.
Alcaldes enfrentan tema desatendido por Gustavo Petro
Lo curioso es que, pese a los anuncios de Petro, los mandatarios locales siguen mostrando su independencia. Un solo hecho se convirtió en el botón de muestra que descubre las claras diferencias que hay entre el jefe de Estado y los mandatarios regionales y locales: el tema de la seguridad.
Mientras que a Petro, en la búsqueda de su “paz total”, lo señalan de haber debilitado a las Fuerzas Armadas, y consecuentemente haberles ampliado el margen de acción a las bandas criminales, y de estimular conductas ilícitas como el narcotráfico con su idea de legalizar la marihuana de uso adulto, varios de los nuevos alcaldes en su primer día de mandato anunciaron medidas para recuperar y reforzar la seguridad en sus ciudades.
Los alcaldes de las más importantes ciudades del país comenzaron su gestión con medidas que buscan atacar uno de los aspectos que se consideran desatendidos por el Gobierno de Petro. En el caso de Galán, en su discurso durante la instalación del Concejo de Bogotá para el periodo 2024-2027, advirtió que la ciudadanía “está en un momento difícil y de preocupación por cuenta de la situación de seguridad”. Por eso, se declaró consciente de que esa “es una prioridad que debe tener la administración”.
“No es fácil, hay que decirlo, pero tenemos que articularnos, tenemos que crear las herramientas, tenemos que trabajar con los diferentes actores que cumplen un rol prioritario en la seguridad, para actuar y actuar rápido, para cambiar el enfoque de la política de seguridad, un enfoque que esté destinado principalmente —y eso se traduce en presupuesto, en recursos y en decisión— a enfrentar las bandas delincuenciales que están operando en Bogotá”, dijo Galán.
Julián Sánchez Perico, alcalde de Soacha, importante municipio situado al sur de Bogotá, también anunció medidas en el mismo sentido y, contrario al Gobierno Nacional, prohibió el consumo de sustancias sicoactivas en lugares públicos y entornos escolares. “Soacha tiene que ser el ejemplo nacional de la lucha contra el narcotráfico”, sentenció.
Y más alejados del centro del país, pero con un peso específico en el ámbito nacional, los mandatarios de Bucaramanga, Cali, Barranquilla y Cartagena (Jaime Andrés Beltrán, Alejandro Éder, Alejandro Char y Dumek Turbay, respectivamente) también pusieron en primer plano el tema de la seguridad.
El mandatario bumangués anunció un plan candado para frenar la delincuencia, lo mismo que una bolsa de recompensas. “En ese camino de recuperar el territorio está recuperar los parques. El consumo de droga tiene que estar en otros escenarios. Las medidas no pueden ser blandas; tienen que ser medidas contundentes”, dijo.
El alcalde de Cali dijo que su consigna es aumentar fuerza pública, blindar la ciudad por aire y por tierra, fortalecer el Batallón de Alta Montaña No. 3, acantonado en Felidia y combatir la minería ilegal en los Farallones. “Para Cali lo que le pedí a la fuerza pública es que blindemos la ciudad. Que se vuelva a ver la fuerza pública en el aire, las carreteras y en los ríos”, dijo Éder.
Por su parte, el mandatario de Cartagena implementó acciones en el plan ‘Titán 24’ para recuperar el centro histórico de la ciudad, combatir la prostitución con intervenciones en la Plaza de Los Coches y la Torre del Reloj. “El gobierno que ha llegado no va a negociar, no va a entregarse”, advirtió. En tanto, el alcalde de la capital del Atlántico puso a dos generales en uso de buen retiro de la Policía para enfrentar el flagelo de la extorsión, principalmente.
Es decir que los alcaldes buscan enfrentar, con lo que les permiten los instrumentos legales, uno de los temas que consideran prioritario para sus ciudades. Lo peor que le puede pasar a Colombia es que Petro entienda esa sentida necesidad de la ciudadanía, a la que buscan dar respuesta los mandatarios, como un acto de oposición a su Gobierno, en el mundo de cuadros blancos y negros en el que se mueve sin considerar que hay tonalidades de grises.
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