Este será un proceso gradual que tardará varios meses. Los 8.500 presos que tienen la posibilidad de dejar la prisión no lo harán de inmediato. Por ello, el impacto no se va a sentir con fuerza. Los abogados presentarán sus solicitudes y la Fiscalía podrá oponerse a ellas. Luego, un juez tendrá que citar a audiencia, en la que se definirá si la persona puede quedar en libertad o si simplemente se le cambia la medida de detención preventiva”, indicó el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoño Ulloa.

Además de descongestionar los centros de reclusión del país, con esta ley se busca “fomentar el respeto a los derechos de las personas sindicadas de delitos menores y a las que no se les ha definido su situación jurídica”, explicó la entidad gubernamental a través de un comunicado.

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Londoño aclaró que las personas condenadas por delitos graves, como tortura, homicidio, terrorismo, corrupción y secuestro, entre otros, no serán consideradas en este proceso.

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