Consonante es un medio de comunicación que publica noticias hiperlocales. Funciona a través de una sala de redacción descentralizada y participativa. La mayoría de publicaciones son realizadas por periodistas locales y líderes sociales.
“Estamos esperando a ver con qué tanta celeridad el presidente puede retomar los temas a través del Congreso. Y si no, estoy seguro que en La Guajira en cualquier momento puede haber una situación fuera de control, porque ya la gente no aguanta más”, opina Ariel López, uno de los líderes perteneciente a la mesa de diálogo del sur de La Guajira que se reunió con el Presidente durante su visita al departamento en junio de este año. Como él, los líderes y ciudadanos están a la expectativa de lo que hará el Gobierno después de que la Corte Constitucional decidiera hace dos semanas declarar inexequible la declaratoria de emergencia económica que había dictado Petro.
Esto significa, inicialmente, que varios de los decretos que había expedido el gobierno con los que pretendía solucionar los problemas de acceso a agua potable, servicios de salud, energía, y educación, ya no tienen valor jurídico y no se pueden implementar. Solamente seguirán en pie hasta el 2 de julio de 2024 los decretos que la Corte considere que están orientados a superar la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua.
(Vea también: Taxistas le cobran a Petro por incumplimientos: “Nos ha mamado gallo, solo habla bonito”)
La Corte argumentó que el Gobierno no logró sustentar por qué los mecanismos y las facultades que ya tiene, no son suficientes para hacerle frente a la emergencia humanitaria y solucionar problemas que este tribunal considera estructurales.
Más allá de las formas, lo que sí reconoció fue la gravedad de la situación en el departamento y la necesidad de enfrentar los problemas. Incluso hizo un llamado al Gobierno y al Congreso para que a través de otras medidas, tomen acción para superar la crisis.
En medio de este panorama, y sin que el Presidente haya contado cuál será su plan B para hacerle frente a la crisis, Consonante le explica cuáles son las posibilidades que tiene el Gobierno y cuáles son las peticiones urgentes que siguen haciendo los líderes del departamento.
1. ¿Qué se sabe sobre lo que va a hacer el gobierno?
El 10 de octubre el presidente publicó en sus redes sociales un mensaje en el que aseguró que todos los decretos iban a ser presentados en el Congreso con mensaje de urgencia el 11 de octubre. Sin embargo, no se ha comprobado que esto se hubiera hecho.
No se puede abandonar la Guajira a su suerte. Todos los decretos de emergencia serán presentados al Congreso con mensaje de urgencia.
Ya son más de mil los jagueyes construidos para recoger las aguas lluvias de octubre y noviembre.
Estamos realizando una inmensa operación para… https://t.co/NjJPyoa6cc
— Gustavo Petro (@petrogustavo) October 10, 2023
Este ha sido el único mensaje público que ha emitido el Gobierno Petro hasta el momento, Ningún representante de la Consejería de las Regiones, ni del Ministerio del Interior han dicho cuál es el plan ahora.
(Lea también: La historia de deportistas en La Guajira que no tienen apoyo y les sobra talento)
Solo el Departamento de Prosperidad Social, en cabeza de Laura Sarabia, anunció esta semana que el gobierno incluirá en Tránsito a Renta Ciudadana (antes Familias en Acción) a 27.000 familias Wayuu con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encontraran en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo. Esto como respuesta a la caída del decreto en la que se daba una transferencia única de 500.000 pesos a estas familias. Ahora los 27.000 hogares que el DPS había seleccionado en su decreto van a ser vinculados y recibirán el primer pago en diciembre.
2. ¿Qué opciones tiene el gobierno ahora?
Todavía no está claro cuáles son los decretos que van a poder funcionar hasta el 2 de julio de 2024 y no será sino hasta las próximas semanas que un grupo de la Corte estudiará varios de estos. La Corte Constitucional, que resolvió tutela de Mancuso, no ha publicado la sentencia que explica los detalles de la decisión, solamente se sabe que serán los que le hagan frente a la amenaza de agravamiento de la crisis humanitaria por la menor disponibilidad de agua, pero es un concepto muy amplio.
“Nosotros creemos que existen dos interpretaciones posibles, una es que en principio todos los decretos que digan más o menos la palabra agua probablemente pueden pasar, pero la otra interpretación es que existen algunas medidas que aunque no necesariamente hablan de la menor disponibilidad de agua, sí están conectadas y podrían pasar también”, comenta Barragán.
Sin embargo, lo único cierto es que en estos momentos la única alternativa del Gobierno es usar los mecanismos y las rutas tradicionales para resolver los problemas que ya diagnosticó. Otra alternativa, sería tramitar las iniciativas propuestas en los decretos a través de un proyecto de ley con mensaje de urgencia en el Congreso. Esto reduciría los tiempos normales que conlleva el trámite.
También tiene la posibilidad de usar los mecanismos derivados del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el Fondo Adaptación, o los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Plurianual de Inversiones.
(Vea también: Cuánto pagaría el Gobierno Petro a quienes denuncien compradores de votos el domingo)
3. ¿Qué tan grave es la situación?
Según el Gobierno, La Guajira está atravesando una crisis humanitaria. Esta crisis sería la suma de varias situaciones: la falta de acceso a servicios básicos vitales: la escasez de agua potable para el consumo humano; la crisis alimentaria por dificultades para el acceso físico y económico a los alimentos; los efectos del cambio climático que afectan las fuentes de agua; la crisis energética y la falta de infraestructura eléctrica adecuada; la baja cobertura de los servicios de salud y la baja cobertura en el sector de educación, con altos índices de deserción escolar, infraestructura de baja calidad y malas condiciones laborales para los profesores.
El presidente ha dicho que varios de estos problemas son históricos, pero al anunciar la declaratoria de emergencia dijo que la crisis se intensificó desde junio de 2023 y que podría empeorar por la probable llegada del fenómeno de El Niño. A esto agregó que para el 2022 los principales proyectos de inversión en el departamento no fueron suficientes para superar la crisis y que la sentencia T-302 de 2017, con la que la Corte Constitucional declaró el estado de cosas inconstitucionales, no ha sido efectiva.
4. Según el gobierno, ¿cuáles son los problemas más urgentes?
La llegada del fenómeno del niño y el riesgo que esto implicaba para el agua en La Guajira. Esto, porque según la Organización Meteorológica Mundial por primera vez en siete años hay altas probabilidades de que reaparezca este fenómeno, lo que agravaría la situación ya de por sí crítica de las fuentes abastecedoras de agua.
El acceso a la salud fue otro de los puntos más graves. Según el diagnóstico del gobierno, el modelo de atención en salud en La Guajira tiene varias fallas: resultados deficientes e inequitativos con cifras superiores a las registradas en el resto del país y bajas coberturas para la gestión del riesgo en salud especialmente en zonas rurales. Por ejemplo, desde 2017 las tasas de mortalidad por desnutrición, infección respiratoria aguda y enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años son entre seis y ocho veces más altas que el promedio nacional.
(Lea también: Conmoción en La Guajira por mujer que agredió a sus hijos; autoridades la capturaron)
Además, la oferta de servicios es fragmentada y con una distribución insuficiente y desigual entre lo rural y lo urbano. De las 437 sedes de IPS en el departamento, el 80 por ciento son urbanas y el 20 por ciento son rurales lo que no corresponde con la distribución poblacional: el 49 por ciento de la población reside en el área urbana y el 51 por ciento en el área rural según proyecciones Dane a 2022. Todo esto agravado con la falta de un modelo de salud propio e Intercultural concertado con las autoridades indígenas Wayuu.
Además, hay problemas de empleo y barreras para la soberanía y garantía de la seguridad alimentaria, para el acceso a la tierra, la celebración de convenios interadministrativos o de asociación, la comercialización e industrialización agropecuaria, el desarrollo del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso ilícitos, y la formalización del uso y aprovechamiento del agua en la agricultura de subsistencia.
5. ¿Cómo resolvían los decretos esos problemas?
En el marco de la declaratoria de emergencia, varios ministerios habían expedido uno o varios decretos con proyectos que respondían a los distintos problemas. Por ejemplo, el Departamento de Prosperidad Social proponía la creación de una transferencia no condicionada que atendía a las familias con niños y niñas en primera infancia y/o madres gestantes, que se encontraran en estado de desnutrición o en riesgo inminente de estarlo.
El Ministerio de Educación había decretado la creación de una institución de educación superior indígena propia del pueblo Wayuú y reformuló varios aspectos relacionados con el programa de alimentación escolar (PAE).
(Vea también: Petro sigue enredado con vacante: ha cambiado de mando más de una vez en este Gobierno)
Otros Ministerios proponían temas como la exención temporal de algunos impuestos para impulsar el turismo, tarifas especiales en el pago de servicios públicos, la creación de un modelo de salud propio del pueblo Wayuú y de un instituto para gestionar el agua en el departamento.
El problema con estos decretos es que aunque muchos sí hacían frente a la crisis, otras implicaban grandes cambios como la creación de instituciones. Así lo explica Mariluz Barragán, subdirectora misional de Dejusticia. “En nuestro criterio muchas de las medidas que se estaban proponiendo eran medidas idóneas y realmente estaban pensadas para superar la crisis, pero otras eran estructurales que no debían ser adoptadas a través de decretos de emergencia, sino que respetando la separación de poderes y las reglas del Estado debían ser tramitados a través del Congreso de la República”, dice Barragán.
6. ¿Qué piensan los líderes que se reunieron con Petro de la decisión de la Corte?
La sensación en general es de incertidumbre. Los líderes que hicieron parte de la conversación con el Gobierno y un gran sector de la ciudadanía, tenían la esperanza de un cambio real con la implementación de los decretos. Temen que después de esto todo siga igual.
“Para nosotros como guajiros ha sido una situación difícil. Estamos esperando a ver con qué tanta celeridad el presidente puede retomar los temas a través del Congreso. Y si no, estoy seguro que en La Guajira en cualquier momento puede haber una situación fuera de control, porque ya la gente no aguanta más”, comenta Ariel López, abogado y exdiputado perteneciente a la mesa de diálogo del sur de La Guajira.
Otros se atreven a decir que había motivaciones ocultas detrás de la decisión: “La intención del gobierno es importante, pero hubo presión por parte de los industriales en este proceso, ellos tienen personas ubicadas estratégicamente para impulsar o bloquear los proyectos que no les convienen y creo que en este caso bloquearon el decreto de emergencia para que la multinacional pueda seguir haciendo uso del agua indiscriminadamente”, dice Juan Carlos Solano, líder sindical de Sintracarbón.
(Lea también: Colombia podría quedarse sin helicópteros militares en pocos meses; la razón es insólita)
7. ¿Qué está haciendo el gobierno departamental?
Diala Wilches, quien fue posesionada en febrero de 2023 es la doceava gobernadora que ejerce este cargo en los últimos siete años. Cuando se dio a conocer la decisión, la gobernadora Wilches aseguró que acataría la orden pero que la intención del Gobierno si era válida. En ese momento invitó a que en la discusión del presupuesto general para 2024 que se estaba dando desde julio y fue aprobado por el Senado y la Cámara de Representantes el 18 de octubre, se tuvieran en cuenta las inversiones previstas en los decretos de emergencia para que se aplique un enfoque diferencial para atender a La Guajira.
Sin embargo, el gobierno departamental enfrenta problemas de gobernabilidad y confianza entre la gente. El constante cambio de gobernadores ha minado la continuidad de proyectos y programas, y la confianza del gobierno nacional y sectores privados para invertir en el departamento.
Lo mismo ha sucedido con algunos secretarios. El departamento ha tenido cinco secretarios de educación desde que Nemesio Roys, quien fue destituido el pasado 21 de julio de 2022, asumió como gobernador en 2020. El 14 de enero de 2022, se posicionó Olidey Meza Freyle en reemplazo de Rosmira Peralta, que había asumido la dirección de la cartera en febrero de 2021. En junio se posesionó Fabián Acosta, quien fue reemplazado por el secretario en encargo Danilo Araujo y ahora está Adaulfo Manjarrés.
8. ¿Qué siguen pidiendo las y los guajiros?
Todos coinciden en que la intervención, sea cuál sea la forma, sigue siendo necesaria y urgente, sobre todo en el tema de agua, alimentación y empleo.
“En La Guajira el tema crítico es el tema del agua, desde la parte norte hasta la parte sur. En la parte norte, en la comunidad indígena, hay niños que se están muriendo de hambre. Nosotros estamos pidiendo con suma urgencia que esto se retome, de la forma que se quiera, puede ser a través del Icbf si se puede, pero no solamente esperar el tiempo que se demora un proyecto en convertirlo en ley. Mientras eso sucede acá en la Guajira pasan muchas cosas y la gente sigue muriéndose de hambre”, explica Ariel López.
También piden proyectos productivos y de sostenimiento, así como herramientas para el desarrollo económico y agrícola. “La segunda prioridad son proyectos productivos, pero no el proyecto productivo donde te doy cuatro chivos y tu miras si los chivos paren o no, ya estamos cansados de ese tipo de proyectos, a La Guajira le hace falta empleabilidad. De irse la multinacional el trabajador queda desprotegido, entonces también pedimos un desarrollo integral para que el pueblo guajiro cuando se vaya la minería pueda atender sus necesidades”, comenta Juan Carlos Solano.
Además, piden que haya personas dedicadas solamente a atender la crisis. “Se requiere focalizar todas las problemáticas y ponerle una persona de carne y hueso que logre el dinamizar y ayudar a canalizar los recursos. No vemos verdaderamente que el peso del poder del Gobierno Nacional se esté sintiendo en favor de los guajiros que seguimos a la espera de que todo esto cambie”, opina Luis Dario Ortíz, líder de la junta municipal de coordinación de Colombia Humana municipio de Fonseca.
También concuerdan con el Gobierno en que deben poner en funcionamiento la represa Ranchería y que se deben mejorar las vías para poder comercializar los productos.
LO ÚLTIMO
.svg)
