Un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht presentó ante un juez con función de control de garantías de Bogotá a estos exfuncionarios, quienes habrían “proyectado, revisado, tramitado y aprobado 5 otrosíes” para construir un tramo de 528 kilómetros entre los municipios de Puerto Salgar (Cundinamarca) y San Roque (Cesar).
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Estas acciones “generaron beneficios técnicos, jurídicos y financieros al concesionario del cual hacía parte la constructora Odebrecht”, informó la Fiscalía en un comunicado este sábado 16 de septiembre.
Se trata de Alexandra Lozano Vergara, gerente de Proyectos y Gestión Contractual; María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa; y Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración. Además de los asesores Harbey José Carrascal Quintero, Marcelo Enrique Cano… pic.twitter.com/caCAXSCLOB
— Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 16, 2023
Imputados de la ANI por caso de Odebrecht
- Alexandra Lozano Vergara, gerente de proyectos y gestión contractual
- María Clara Garrido, vicepresidenta administrativa
- Beatriz Eugenia Morales Vélez, vicepresidenta de estructuración
- Harbey José Carrascal Quintero, asesor
- Marcelo Enrique Cano del Castillo, asesor
- Mónica Rocío Adarme Manosalva, asesora
- Nora Patricia Acero Pérez, asesora
Los acusados “habrían vulnerado los principios de transparencia, economía y responsabilidad debido a que los otrosíes no contaban con estudios sólidos técnicos de conveniencia, ni de planeación”, indicó la Fiscalía.
Las pruebas apuntan a que las adendas permitieron una ampliación de los plazos para la ejecución de algunos tramos de proyectos, con lo cual el concesionario evitó procesos sancionatorios y dejó de pagar multas superiores a 35.883 millones de pesos (9,1 millones de dólares de hoy) por incumplimientos.
Además, se presume que se modificaron aspectos técnicos y formas de pago, permitiéndole al concesionario acceder a un anticipo de 17.823 millones de pesos (4,5 millones de dólares) al que no tenía derecho y obtener mayor flujo de caja, lo que habría causado un perjuicio financiero a la ANI por más de 2.227 millones de pesos (unos 566.000 dólares).
Por estos hechos, la Fiscalía imputó a los presuntos responsables el delito de interés indebido en la celebración de contratos, cargo que no fue aceptado por ninguno de los procesados.
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