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El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, retiró a 17 niños de un supuesto hogar o internado que funcionaba como privado de la iglesia Casa Sobre la Roca, en Barcelona, corregimiento de Calarcá.
El caso se dio a conocer luego de que una defensora de familia del ICBF, le hiciera seguimiento a un menor de edad que estaba en un proceso de restablecimiento de derechos y que había sido remitido desde otra regional. Cuando la defensora de familia llegó al supuesto internado y luego de hacer el respectivo trabajo con los administradores del lugar en cuanto al seguimiento del caso del menor remitido, se percató de la presencia de varios menores de edad en un horario extra escolar.
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Al verificar la legalidad del funcionamiento de este lugar como hogar o internado, funcionarios del ICBF encontraron que no estaba licenciado por parte del instituto ni contaba con personería jurídica.
“Encontramos que no estaba licenciado para atender a los niños, pues no cumple con la licencia de internado”, explicó Alexandra Candelo Zapata, directora regional del Instituto Nacional de Bienestar Familiar seccional Quindío.
Tras la indagación por parte de la defensora encargada en el sitio, que funciona como Hogar o Internado de la Iglesia Casa Sobre la Roca, se informó a la coordinadora regional, al encargado de las licencias de funcionamiento y al coordinador jurídico, decidiendo entonces que se debía iniciar un proceso de verificación de derechos de todos los menores allí internados.
“Es una acción pronta tomamos la decisión de hacer la verificación de derechos de todos los menores que se encontraran en este internado, para saber cuáles eran sus condiciones, si estaban bien o mal, si había situaciones de vulnerabilidad. Al percatarnos de que no tiene la autorización legal de funcionamiento como internado, decidimos proceder con todo el equipo de la comisaría de familia y otros funcionarios”, dijo Zapata Candelo.
Al iniciar el proceso de verificación de derechos de los menores con todas las defensorías de familia y los equipos del centro zonal de Calarcá, evidenciaron que había niños de diferentes partes del país como Boyacá, Bogotá, de la región caribe y ciudades muy distantes. Uno de los derechos principales para los menores es el derecho a permanecer al calor y en compañía de sus familias y de no ser retirados de su núcleo familiar.
“Empezamos a evidenciar que estos niños y adolescentes sí han sido desarraigados de su núcleo familiar, tanto que cuando las personas pertenecientes a los equipos psicosociales les preguntaron a algunos niños sobre sus padres, dijeron que no recuerdan cómo eran, cómo se llaman o manifestaron que hace mucho tiempo no tienen contacto”, manifestó Candelo Zapata.
Un menor de edad incluso manifestó al equipo de profesionales del ICBF que su madre le había dicho que, al cumplir los 17 años, podrían reencontrarse y regresaría por él, otros menores de edad manifestaron que sus padres no tenían las condiciones económicas para tenerlos, algunas madres son solteras y otras deben trabajar, por lo que los niños permanecían más en la calle.
La directora explicó que tal desarraigo de estos menores de edad, que van desde los 2 a 17 años para con sus familias, implica algunas consecuencias psicológicas y en el normal desarrollo de los niños, además, era necesario verificar el estado de salud de estos menores de edad.
“Nos interesaba mucho saber cómo estaban estos menores de salud, como son de otras ciudades no tenían la portabilidad, si bien cuentan con Sisbén, las personas encargadas, dos adultos, nos manifestaron que en caso de presentarse una enfermedad o una urgencia, pues ellos eran quienes llevaban los médicos al sitio, más los niños no tienen esa garantía de derecho en salud en aseguradoras de acá de la región”, explicó Candelo Zapata.
El tercer derecho que se entró a verificar en el supuesto internado era a la educación, encontrando que ninguno de estos niños acudía a ninguna institución educativa en el Quindío, ya que manejaban unos cursos virtuales brindados por una institución, pero, al verificar en el Sistema de Matrículas Estudiantil (Simat) —plataforma usada para el registro de los estudiantes de todo el país— los niños no aparecen registrados en ninguna institución pública o privada de Colombia.
Es decir, los niños sí recibían clases, pero no eran por parte de alguna institución formal, los más grandes se conectaban a unos módulos virtuales por medio de computadores que les facilitaban.
Además, según la directora, que un menor de edad no acuda a un aula escolar a compartir, jugar y aprender con niños de sus edades puede implicar complicaciones en el libre desarrollo de la personalidad y en la interacción con los demás seres vivos.
“Precisamente es por eso que nosotros en el ICBF manejamos programas desde la primera infancia, porque los niños tiene que estar y compartir con sus pares y si bien están los adultos que brindan la protección y atención integral, pues sí es importante que estos niños estén escolarizados en el sistema educativo regular colombiano porque al ingresar los defensores de familia al Simat pues no se evidencia el registro, como nos lo dijo la coordinadora regional”, señaló Candelo Zapata.
Dos niños fueron entregados a sus familias en el corregimiento de Barcelona cuando el pasado jueves 8 de febrero se hizo el retiro de los 17 niños, pues eran hijos de una persona que laboraba allí mismo, de igual manera, también se les hizo proceso de restablecimiento de derechos y se hará un seguimiento y contacto directo con la familia.
Los otros 15 niños fueron trasladados a las instalaciones del Centro Zonal de Calarcá del ICBF, para poder iniciar un proceso de restablecimiento de derechos y ubicaciones con sus familiares.
“Están ubicados en las modalidades del Instituto que cuentan con licencia para estos servicios de internado y dependiendo de la edad de los niños, algunos van a hogares sustitutos. La mayoría de las familias han respondido a nuestro llamado, otras no han podido ser contactadas”, expresó Candelo Zapata.
Padres de familia manifestaron que en este presunto internado no estaban mal sus hijos, reiteraron que los niños no estaban siendo maltratados.
Así mismo, al momento de la visita de inspección no se evidenciaron señales de maltrato físico ni de violencia.
No obstante, los funcionarios del ICBF resaltaron que no encontraron letrero u aviso alguno que indicara que el sitio funcionaba como hogar.
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En febrero de 2016, hace siete años, el ICBF también había intervenido el mismo lugar que, para ese entonces, funcionaba como un internado de niñas de la Iglesia cristiana Casa Sobre la Roca, para esta ocasión se retiraron 26 niñas, quienes coincidieron en los testimonios en que las sometían a castigos severos como sumergirles la cabeza en baldes de agua fría o incluso obligarlas a trotar en horas de la madrugada a manera de castigo. Sin embargo, la directora del hogar para ese entonces negó tal situación.
Cabe anotar que este medio intentó contactarse con los responsables del hogar, pero no hubo respuesta.
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