“La Sala Penal de la Corte Suprema de Colombia ha demostrado una notable valentía al iniciar esta investigación sobre Uribe. […] Pero tal vez nunca se descubra la verdad si las autoridades penitenciarias, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección no garantizan la máxima protección a los testigos y sus familiares”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.

El organismo resalta que en febrero la Corte Suprema había instado a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad a favor de tres testigos: Areiza, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, otros dos exmiembros de grupos paramilitares. La corte manifestó que los testigos vivían con “constante incertidumbre y temor” de sufrir represalias.

Sin embargo, Areiza, exintegrante de un grupo paramilitar, fue asesinado el pasado 14 de abril en un centro comercial en el municipio de Bello, Antioquia.

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“El supuesto vínculo de Uribe con grupos paramilitares ya había sido planteado previamente, en 2011, por Monsalve y Sierra, quienes dieron entrevistas grabadas en video al senador Cepeda en las cuales implicaban a Uribe y a su hermano Santiago en la creación de un grupo paramilitar en Antioquia, conocido como el “bloque Metro”. Monsalve y Sierra manifestaron a la corte que el senador Cepeda no los había sobornado para que efectuaran tales declaraciones ni les había pedido que implicaran al expresidente”, recordó HRW.

Esas declaraciones desembocaron en “continuas y reiteradas amenazas de muerte” contra los testigos para que se retractaran de sus testimonios.

El 16 de abril, la Corte Suprema instó a la Fiscalía General de la Nación a priorizar la investigación sobre el homicidio de Areiza. El 18 de abril, el senador Uribe solicitó a la Fiscalía General de la Nación que investigara el homicidio.

“La Fiscalía General de la Nación debe llevar a cabo una investigación urgente y exhaustiva sobre los motivos detrás del homicidio de Areiza, así como las amenazas a los demás testigos”, puntualizó Vivanco.