El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Los supuestos $30 millones que pagó el canciller suspendido, Álvaro Leyva, a un extorsionista que le habría prometido información sobre Thomas Greg & Sons, la firma que elabora los pasaportes en Colombia desde hace casi dos décadas, sigue generando dudas. No solo por las fechas en que habría girado el dinero, sino también por la procedencia de este.
El último pronunciamiento sobre esta polémica la hizo José Antonio Salazar, quien hasta hace una semana era el secretario general de la Cancillería. Salazar fue apartado del cargo y llamado “traidor” por el presidente Gustavo Petro por haber entregado la licitación de $600.000 millones de pasaportes a Thomas Greg y revocado la decisión de Leyva de declarar desierto el proceso.
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El exsecretario dijo en W Radio que ese dinero salió desde la Casa de Nariño: “Después de que Álvaro Leyva puso el tema en conocimiento de la Fiscalía, me hizo el comentario completo y detallado (…) sobre la estafa y me dijo que, cuando empezaron a solicitarle el dinero por la vía telefónica, él acudió a la Presidencia de la República. Ahí le dieron instrucción a una funcionaria, subdirectora de Inteligencia, para que diera la plata”.
Según Leyva, este pago fue notificado debidamente a la Fiscalía, entidad que le dijo al Reporte Coronell que no se tenía conocimiento y por ende, no contó con aprobación de un fiscal. Esto abre el debate de si entonces se habría tratado de un pago ilegal con dineros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
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De la dirección de esta entidad fue apartado Manuel Alberto Casanova y de acuerdo con el periodista de la Revista Alternativa Jorge Lesmes, por esta polémica también habrían salido el director de inteligencia y contrainteligencia, el subdirector de Operaciones y la secretaria privada de Casanova.
Asimismo, hay incertidumbre sobre la fecha en que se efectuó el pago de los $ 30 millones, pues según versiones preliminares fue el 2 de febrero, cuando Leyva ya se encontraba suspendido por la Procuraduría.
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