Belkis García trabaja limpiando casas para sostener económicamente a su familia, pero, sobre todo, para conseguir los 300 mil pesos que cuesta el transporte de su hija Katiuska Núñez, de 19 años, al colegio. Aunque vive en El Hatico, un corregimiento de Fonseca, su hija debe desplazarse todos los días hasta San Juan del Cesar (La Guajira), pues en su municipio no hay un colegio con intérprete de lenguaje de señas. Katiuska es sorda a causa de una meningitis que padeció en la infancia, y cursa el grado octavo en la Institución Educativa Normal Superior.
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Belkis trabaja 10 horas diarias, de lunes a jueves para conseguir la plata necesaria para que Katiuska pueda recibir clases con un intérprete de lenguaje de señas. Cada mes, logra conseguir, en total, 500 mil pesos pero solo le sobran 200 mil después de pagar el servicio de transporte. Como el dinero sobrante no le alcanza para pagar la comida de su familia, el arriendo y los servicios públicos, entre otros gastos mensuales, Belkis se apoya en su hija mayor, Nailin, quien también es trabajadora del hogar. Belkis afirma que los gastos educativos de su hija en condición de discapacidad le impide cubrir otras necesidades. “Si no tuviera que pagar el transporte, yo le compraría ropa o comida, porque no me alcanza el sueldo para comprarle ropa en todo el año. Así me prive (límite) de muchas cosas, yo saco para su transporte”, dice.
En La Guajira hay 15.794 personas que registran tener alguna discapacidad, ya sea física, auditiva, psicosocial, sordoceguera, visual, intelectual o múltiple. Aunque en Fonseca no existe una cifra exacta, la Alcaldía de Fonseca calcula que esta cifra ronda los 1.200 a nivel local.
Una de las dificultades que esta población sufre desde temprana edad es el acceso a la educación: falta de infraestructura para acceder a los espacios, poco o ningún personal disponible para apoyarles, sin material para estudiar a través del braille y sin intérpretes de lenguaje de señas. Por esto algunos niños, niñas y jóvenes quedan por fuera del sistema educativo y otros, como Katiuska Núñez, deben ir a estudiar a San Juan del Cesar.
Por la falta de intérpretes de señas, de material en braille y de insfraestructura, algunos niños, niñas y jóvenes quedan por fuera del sistema educativo y otros, como Katiuska Núñez, deben ir a estudiar a San Juan del Cesar.
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Además, cuando estudiantes con discapacidad intelectual logran entrar al sistema educativo, sus familias denuncian que no reciben el trato adecuado en las aulas de clase. “Hay docentes que ni siquiera les interesa que el niño tenga la mínima discapacidad y lo tratan como un niño normal, eso está bien, pero que no se les olvide el diagnóstico que tienen”, dice Yuleisy Fernandez, una líder de la población con discapacidad.
Lo ha vivido con su hija, quien estuvo a punto de perder el primer periodo académico porque no recibió apoyo diferencial. “Mi hija ha venido creciendo con retardos mentales desde los 7 años y la matriculé en el colegio Ernesto Parodi. Muy a pesar de tener un diagnóstico por varios especialistas, de recibir terapia y tener un certificado de discapacidad, no le es suficiente a la institución para darle un trato digno, pues ninguna institución está preparada para tener a ningún niño niña o adolescente con discapacidad dentro de sus aulas de clase”, reclama la madre.
“Muy a pesar de tener un diagnóstico por varios especialistas, de recibir terapia y tener un certificado de discapacidad, no le es suficiente a la institución para darle (a mi hija) un trato digno, pues ninguna institución está preparada para tener a ningún niño niña o adolescente con discapacidad dentro de sus aulas de clase”, Yuleisy Fernández, madre de una niña con discapacidad intelectual.
Se refiere a tener personal de apoyo que pueda dedicar tiempo y esfuerzo para acompañar el proceso educativo de estudiantes como su hija, que no pueden seguir el ritmo que la mayoría de profesores imparte en sus clases, y que los niños y niñas sin discapacidad intelectual pueden seguir. Consonante consultó a la secretaría de educación departamental de La Guajira sobre la razón de estas carencias, pero no recibió respuesta.
El impacto de esta barrera para acceder a la educación en el municipio tiene como consecuencia que familias como la de Katiuska Núñez tengan que destinar grandes cantidades de dinero para desplazarse a San Juan del Cesar, dejando de atender necesidades básicas. A Katiuska y a su madre ahora se sumó que en el colegio en San Juan del Cesar se demoró más de dos meses en contratar a un intérprete de señas, por lo que Katiuska estuvo yendo al colegio, pero perdiendo clases. “Siempre se vive la experiencia de que los dos primeros meses vulneran nuestros derechos y no nos garantizan la llegada de los intérpretes, y este año es lo mismo”, le dijo Katiuska a Consonante.
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Certificado de discapacidad: un obstáculo más
A la falta de acceso a la educación incluyente se suma la necesidad de obtener un certificado de discapacidad, que es la puerta de entrada para acceder a distintos servicios y derechos. Desde 2020, las personas con discapacidad tienen que contar con un documento que certifique su condición. Para Tatiana Rodríguez, comunicadora social, directora de la Fundación Sirius, quien tiene discapacidad visual, el mismo certificado es una vulneración.
“La emisión del certificado es una cosa completamente humillante. Hay que pasar por un proceso de junta médica donde se vulnera a la persona con discapacidad desde su trato, desde cómo se le habla, las preguntas que hacen son completamente salidas de contexto y afectan la intimidad de la persona”, dice, y agrega. “se ha convertido en otra barrera porque sacarlo es una seguidilla de trámites complejos y agotadores, y no tienen presupuesto suficiente para todos los certificados que hay que sacar”, afirma.
“La emisión del certificado es una cosa completamente humillante. Hay que pasar por un proceso de junta médica donde se vulnera a la persona con discapacidad, las preguntas que hacen son completamente salidas de contexto y afectan la intimidad de la persona”, Tatiana Rodríguez, directora de la Fundación Sirius.
La responsabilidad de emitir los certificados es de las alcaldías, pero el proceso debe iniciarlo la persona con discapacidad o su cuidador. El primer paso es que la IPS de la EPS a la que está afiliada la persona le genere una historia clínica que describa su discapacidad. La persona debe allegar documento a la Alcaldía por medio de una página web o de forma física y en la entidad deben encargarse de completar el diagnóstico de patologías que dispuso el Ministerio de Salud para evidenciar cuál es la discapacidad de la persona y generar un código que debe ser enviado a la IPS que presta el servicio de emisión del certificado.
En muchas ocasiones, ni la persona con discapacidad ni sus familiares tienen el tiempo ni el dinero para transportarse a hacer los trámites necesarios. Incluso, hay quienes deciden no solicitar el certificado por privacidad de su condición médica. Además, como lo dice Tatiana Rodríguez, el Ministerio de Salud ni las entidades territoriales destinan los recursos suficientes para la emisión de los certificados. Consonante consultó a la Alcaldía de Fonseca sobre la destinación de recursos para este fin, pero no obtuvo respuesta.
La cuestión es que sin certificado, la persona no puede acceder a atención prioritaria en salud o a programas de vivienda. Pero en Fonseca, aún con certificado en mano, las personas con discapacidad denuncian que no se les garantizan sus derechos.
Una prueba es que tanto Katiuska como la hija de Yuleisy tienen certificadas sus discapacidad, y aún así no logran acceder a una educación que las incluya. Para Elkin Sepúlveda, enlace de la población con discapacidad firmante de paz, el problema es estructural.
“Creo que la educación inclusiva no es tener centros de educación para personas con discapacidad, es adaptar los centros de educación que ya existen para que puedan atender las necesidades de las personas con discapacidad. Si no se hace, vamos a seguir segregando”, dice.
“Creo que la educación inclusiva no es tener centros de educación para personas con discapacidad, es adaptar los centros de educación que ya existen para que puedan atender las necesidades de las personas con discapacidad”, Elkin Sepúlveda.
Barreras para la vida
Para agosto de 2020 había en total un millón 319.049 personas con discapacidad identificadas y localizadas en el registro oficial del Ministerio de Salud y Protección Social en todo el país. Esta cifra equivale al 2,6 por ciento de la población total nacional. Sin embargo, el Dane reporta que, para ese mismo año, había 3 millones 134 mil personas “con dificultades para realizar actividades básicas diarias”, es decir, el 7,1 por ciento de la población. A las personas con discapacidad se les deben garantizar las condiciones para que el trato y al acceso a oportunidades sea igual para todos y todas. Desde la misma Constitución Política, a través del artículo 13, el Estado se compromete a proteger “especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan”.
Además, el país ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2009 y se han emitido una decena de leyes y decretos para garantizar el acceso a la educación para niños sordos, por ejemplo, o para facilitar el acceso a vivienda.
Sin embargo, Tatiana Rodríguez advierte que, más allá de las leyes, no hay evidencias de que los problemas los problemas que sufre esta población nunca han estado en un lugar importante dentro de las prioridades estatales. “Somos uno de los países que más tiene personas con discapacidad, por ejemplo, como consecuencia del conflicto armado. Si contamos a nuestras familias, podemos poner un presidente en Colombia, pero la falta de autonomía a la que nos hemos acostumbrado toda la vida no permite que tengamos posiciones políticas”, dice.
Para ella, es necesario que las autoridades presten atención a este tipo de barreras, que empiezan desde la educación, para poder mejorar la calidad de vida de la población con discapacidad. “Son pocas las personas con discapacidad que tienen un trabajo, la mayoría deben levantarse y dedicarse al rebusque, a ver cómo pueden acceder a un alimento diario. Hoy las personas con discapacidad en Colombia no tenemos derecho a hacer proyecciones y a tener un proyecto de vida”, dice Tatiana Rodríguez.
Peticiones de cambio
Las personas con discapacidad y sus familias creen que es importante que los niños y niñas que ya tienen una discapacidad y van a crecer con ella puedan vivir una vida distinta a la que les ha tocado a cientos de adultos. Un primer paso es garantizarles el acceso a la educación.
Elkin Sepúlveda afirma que debe destinarse dinero para lograrlo. “Los temas para población con discapacidad no cuentan presupuesto propio y dependen de otros presupuestos. Nunca llega dinero para certificar a todos. Es decir, si tenemos 50 personas con discapacidad esperando certificado, cuando llega el dinero para la certificación, llega presupuesto solamente para 15 o para 10, entonces toca priorizar o hacer una lista de espera y eso es lo que no podemos hacer”, dice.
Pero no es sólo eso. Para Tatiana Rodríguez, el cambio también tiene que ver con el reconocimiento de la importancia que tienen las personas con discapacidad. “La discapacidad no es homogénea, hay una gran diversidad y a todos nos deberíamos interesar porque nadie está exento. Además, nosotros como personas con discapacidad tenemos también mucho que aportar al desarrollo del país: hemos descubierto por propia necesidad gran cantidad de cosas que se pueden hacer diferente. Esta es una riqueza que no está siendo valorada”.
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