Las restricciones al parrillero en moto y la prohibición de permanecer en parques podrían ser medidas poco efectivas para mejorar la seguridad y restringirían las libertades de muchos ciudadanos, advierten organizaciones y expertos.

Algunas de las medidas que anunció la alcaldesa Claudia López para mejorar la seguridad en Bogotá han generado una gran molestia entre organizaciones civiles que consideran que serán nocivas para la ciudadanía.

Una de las restricciones será para los motociclistas, que no podrán circular con parrillero desde el jueves hasta el sábado, entre las siete de la noche y las cuatro de la mañana. Además, tendrán que “portar el número de la placa en casco y chaleco de manera visible 24 horas, los 7 días a la semana”, explica la Alcaldía de Bogotá.

Otra medida controversial es la de prohibir que los ciudadanos permanezcan en parques, corredores ambientales y plazas entre las diez de la noche y las cuatro de la mañana. “No se permitirá la permanencia grupal en estos espacios, solo el tránsito de personas”, dijo López. Es decir, los grupos de deportistas y los equipos de barrio tampoco podrán usar los parques después de las diez de la noche.

“En estos espacios, además, queda prohibido el consumo de licor, música y/o ruido excesivo, entre otros comportamientos contrarios a la convivencia”, agrega la Secretaría de Seguridad.

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Estas disposiciones empezarán a regir desde el próximo 11 de abril. Las medidas para los motociclistas se habían implementado antes, de modo que ya se conocen evaluaciones de lo poco efectivas que fueron.

En el caso de los parques, existe el temor de que la restricción a la permanencia aliente mucho más los posibles abusos policiales.

Ante estos cuestionamientos, grupos de moteros, académicos y organizaciones piden a la Alcaldía de Bogotá reevaluar las medidas para evitar afectaciones innecesarias a la ciudadanía.

Inconformidad por la restricción al parrillero

Tan solo el año pasado, se matricularon 57.045 motocicletas en Bogotá, con un incremento de 19,8 por ciento respecto a 2020, según datos del RUNT.

Para este año, la tendencia parece aumentar. Entre enero y febrero de 2022, se han matriculado 512 motos nuevas en Bogotá, mientras en el mismo periodo de 2021 se registraron 278. Es decir, ha habido un aumento de 84 por ciento.

Estas cifras reafirman lo que es cada vez más evidente al echar una simple mirada a las calles: el uso de las motos ha crecido considerablemente en los últimos años. Con corte a enero de 2022, se registran 514.932 matriculadas en Bogotá, y seguramente las que circulan por la ciudad son muchas más, pues ese número no incluye las que entran desde los municipios aledaños.

En ese sentido, cualquier medida que involucre a este vehículo tendrá un impacto general, sobre todo si se tiene en cuenta que el 8 por ciento de los habitantes de estratos bajos se mueven en moto, según la encuesta de movilidad de Bogotá.

Uso de moto en Bogotá, Fuente: Encuesta de Movilidad 2019, Secretaría de Movilidad de Bogotá

Es claro que muchas personas usan motocicletas para llevar a sus familiares. Por esa razón, para los moteros, la restricción a los acompañantes es “arbitraria” y no solucionará el problema: “Es un perjuicio gigante para nosotros. Nos están diciendo que somos cómplices de los delincuentes”, dijo a Diario Criterio Alejandro Rubio, presidente de las Asociación de Motociclistas de Colombia (Asomocol).

Un estudio le da razón al líder motero. “En general las restricciones a motocicletas no logran reducir sustancialmente los delitos”, dice la investigación ‘Restricciones a motocicletas y sus efectos sobre el crimen en Colombia’, publicada por el Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas de la Universidad de los Andes en 2020.

El Distrito justifica la medida con el argumento de que la mayoría de hurtos se cometen de jueves a sábado, entre la noche y la madrugada, según datos oficiales. Sin embargo, la investigación advierte que las restricciones a motociclistas simplemente pueden hacer que se cambien las formas en que se cometen los delitos.

“Por un lado, el delito puede reaccionar estratégicamente, por ejemplo, migrando a otras zonas de la ciudad u otros medios de transporte. Por otro lado, se trata de una política que depende de la capacidad de las autoridades locales de hacer respetar la prohibición en cuestión“, añade el estudio.

En ese sentido, de acuerdo con la investigación, una medida de ese tipo es difícil de aplicar con éxito en países como Colombia debido a que no hay recursos suficientes para incentivar a los funcionarios que se encargarán de hacerla cumplir.

En Bogotá, cabe recordarlo, se implementó una restricción al parrillero en moto durante seis meses, entre el 2 de febrero y el 2 de agosto de 2018, pero la Alcaldía dejó de aplicarla al no obtener los resultados esperados.

Curiosamente, la alcaldesa Claudia López también consideraba que la medida no servía para reducir los delitos. “Tres veces la han puesto en Bogotá y tres veces no ha servido. Lo que terminamos es afectando. ¿Quién usa moto? Gente humilde, de clase media, que necesita trabajar, que lleva su niño al colegio, que lleva a su compañera al trabajo. Terminamos amargándole la vida a la gente humilde y no baja el hurto“, dijo López, en marzo de 2021, a Noticias Caracol.

Por otro lado, según Rubio, portar las placas en casco y chaleco también será una medida inútil para mejorar la seguridad en Bogotá: “Los delincuentes andan con los papeles en regla de la moto, y si no, ¿cuánto les cuesta andar con dos chalecos, cometer el delito y cambiarlos?”.

“Es algo discriminatorio para la comunidad motera, porque nos marcan para demostrar la falta de gestión del Estado y de la Policía frente a la criminalidad”, añadió.

Ante estas medidas, organizaciones moteras están convocando a una manifestación para el próximo lunes 4 de abril con el fin de que la alcaldesa los escuche.

La seguridad en los parques

Según organizaciones como Temblores ONG, la prohibición de permanencia en parques puede aumentar el riesgo de que la Policía persiga a la juventud.

Para darle sustento a su advertencia, Temblores citó un informe propio, Trapitos al sol del autoritarismo, en el que documentó casos de abuso policial registrados en el marco de las restricciones de la pandemia. “(…) es posible también que el exceso de poder que se le dio a la Policía tras la cuarentena legitimara el que los policías abusaran del uso del artículo 35 para multar a cualquier persona que, simplemente, no estuviera de acuerdo con algún trato recibido por un policía“, dice el documento.

El artículo mencionado hace parte del Código Nacional de Policía y se refiere a los comportamientos que “afectan la relación entre las personas y las autoridades”.

Por esa razón, Temblores ONG pide a la Alcaldía de Bogotá revisar el informe para evitar medidas que hagan enfrentar a la Policía con “determinado grupo de la sociedad”, como los jóvenes.

En un sentido similar se expresó Laura Doncel, consejera local de Juventud en Fontibón. “Esto es criminalizar aún más la vida juvenil sobre todo en un país donde hemos sido estigmatizados las y los jóvenes por estar concurriendo en la ciudad a altas horas de la noche. Y además preocupa en un país donde, para nadie es un secreto, se han evidenciado prácticas como la mal llamada limpieza social, que no es nada más y nada menos que un grupo de gente, inclusive en alianza con la fuerza pública, que se dedica a asesinar a jóvenes que están en las calles a altas horas de la noche“, dijo Doncel.

Y es que muchos ciudadanos, no solo los jóvenes, usan los parques de noche para reunirse, departir y hacer actividades deportivas, culturales e incluso políticas. Por eso, además, queda la duda de qué otras libertades se podrían vulnerar sin justificación.

“En los momentos iniciales de la pandemia, uno podía decir: ‘Es que acá la justificación de esta medida es un riesgo de una epidemia’, y esa justificación, para ciertos momentos de la pandemia, tenía sentido. No obstante, la cuestión de la seguridad ha sido históricamente utilizada para restringir libertades sin que verdaderamente haya un nivel de inseguridad que justifique este tipo de restricciones”, dijo a Diario Criterio Daniela Yepes, abogada constitucionalista y coordinadora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario.

En ese sentido, para Yepes, se trataría de una medida irrazonable pues no lograría garantizar la seguridad. “Cuando se establece ese tipo de restricciones, casi cuarentenas, y las calles están más solas, se vuelven espacios mucho más inseguros que si hubiera personas en la calle“, añadió.

La seguridad de Bogotá, en efecto, está en crisis. Durante 2020, los delitos disminuyeron 25,2 por ciento, en comparación con 2019, gracias a las cuarentenas. Sin embargo, en 2021, ya con las restricciones levantadas, se reportó un aumento de 15,4 por ciento.

Sin duda, hay que tomar medidas para combatir la criminalidad, pero sin afectar las libertades ciudadanas.

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