Antes de que inicien los operativos para expulsar a miles de mineros que invadieron  el estado amazónico de Roraima, en Brasil, donde viven cerca de 30.000 indígenas de las comunidades yanomami, la ministra de Ambiente de ese país, Marina Silva, sostuvo que el expresidente Jair Bolsonaro debería ser investigado por genocidio en este territorio.

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Se estima que en ese lugar hay cerca de 20.000 mineros, quienes con su actividad han provocado el aumento de la violencia y la contaminación de los ecosistemas que han servido como fuente de alimentación para las comunidades que habitan allí.

De acuerdo con el medio de comunicación brasilero Sumaúma, al rededor de 570 niños yanomami murieron por enfermedades prevenibles durante el mandato de Bolsonaro, un aumento del 29 % respecto al gobierno anterior.

Ante este panorama, el gobierno prepara una serie de operativos que iniciarán en los próximos días. Policías y agentes de protección ambiental lanzarán la primera de una serie de operaciones con aviones y helicópteros para expulsar a los mineros.

Según Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, la fuerza aérea será fundamental para controlar el espacio aéreo en la región y obstruir los vuelos de suministro de alimentos y combustible de los mineros, que es la forma más efectiva de evitar que regresen.

La agencia de protección ambiental, Ibama, liderará las operaciones. Sin embargo, necesitarán del apoyo de la policía y el ejército, instituciones que apoyaron el mandato de Bolsonaro. Silva dijo que el brazo de investigaciones ambientales de la policía federal había sido prácticamente desmantelado bajo el mandato de Bolsonaro.

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“Todo esto necesita ser recuperado. Se está recreando ahora, por lo que tenemos que comenzar muchas cosas desde cero”, dijo el mandatario.

Tal como lo sostuvo Marina Silva, el presidente de Brasil también calificó la situación de los yanomami como un genocidio, luego de visitar el territorio. Sostuvo que durante el gobierno de Bolsonaro miles de mineros ilegales de oro invadieron este pueblo, provocando violencia, contaminación y una crisis en la atención médica.

¿Qué pasó en el pueblo yanomami?

Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, entre 2019 y 2022, el estado defendió la minería y la explotación agrícola en tierras indígenas. Además, en más de una oportunidad, realizó cuestionamientos sobre el alcance de las tierras protegidas.

El incremento de la minería en esta zona provocó el aumento de la violencia en esta zona y la contaminación. De hecho, las comunidades denunciaron que los mineros contaminaron ríos y destruyeron bosques, lo que originó que se afectaran algunas de sus principales fuentes de alimento, como los peces, monos o jabalíes.

El actual presidente, tras su visita a Roraima a finales de enero, indicó que además del “descuido del último gobierno, otra causa de este genocidio es la invasión de 20.000 mineros ilegales, cuya presencia fue alentada por el expresidente. Estos mineros envenenan los ríos con mercurio, causando destrucción y muerte”.

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Además de estos daños ambientales, la minería conllevó también al incremento de la transmisión de diversas enfermedades, como la malaria, por ejemplo. Según dijo Sônia Guajajara, ministra de Pueblos Indígenas, “cada 72 horas muere un niño por una de estas enfermedades, según la información que hemos recibido”.