Por: El Colombiano

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Este artículo fue curado por Luis Bello   Abr 23, 2024 - 10:27 pm
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El proyecto de reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro fue aprobado en su totalidad por el Senado, corporación que introdujo dos artículos al texto que originalmente tenía 94.

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Es así como en una semana la llamada cámara alta le dio el visto bueno a la iniciativa que entraría en vigor el primero de julio del 2025, según quedó establecido.

El éxito del trámite tuvo su soporte clave en la reunión que el pasado 15 de abril celebró el mandatario con un bloque de congresistas liberales, que permitió que las discusiones contaran con el quorum necesario para avanzar.

Sobre uno de los artículos nuevos se explicó que posibilitará que el Banco de la República administre el fondo de ahorro del pilar contributivo, pese a algunas voces en contra como las de Carlos Fernando Motoa de Cambio Radical o Carlos Meisel del Centro Democrático.

La otra modificación, de última hora, al texto contempla un trato diferencial en temas pensionales a comunidades indígenas, afro, raizales y campesinos.

La propuesta que ahora volverá a debates en la Cámara de Representantes permitirá que “2,5 millones de personas tendrán un bono pensional de $223.000”, escribió Petro en la red social X, señalando que “ si seguimos así (sin cambios en el régimen pensional), el 80% de la vejez queda sin pensión”.

Pese a estrategias “frenteras” como las del congresista Miguel Uribe Turbay del Centro Democrático para hundir el proyecto, la “aplanadora petrista” terminó imponiéndose.

“Desde la oposición respetuosa y democrática nos opondremos a esta nefasta reforma pensional, debatiendo y alargando legalmente el debate. Nuestra responsabilidad es hundirla”, expuso Uribe en reiteradas ocasiones tanto en el recinto del Senado como en sus redes sociales.

Paloma Valencia, de la misma agrupación política de Uribe Turbay, quien cuestionó que varias de sus proposiciones ni siquiera fueron debatidas, en momentos de votación llegó a estar detrás de las columnas del recinto del Senado para no participar.

El lunes, por ejemplo, pese a que se modificó el orden del día para aprobar una ley de honores al municipio de Marquetalia Caldas por su centenario, la confusión del senador Inti Asprilla y una intervención de Valencia suscitaron una prolongada discusión, cuya intención claramente fue dilatar el debate de la reforma.

Pese a que uno de los senadores ponentes explicó en dos ocasiones que Marquetalia Caldas no tiene nada que ver con la zona tolimense del mismo nombre donde surgieron las Farc, hubo quien sugiriera extender la discusión por tres horas para tener la suficiente ilustración.

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Pese a esas jugadas, la reforma pasó su prueba de fuego en el Senado y desde el Ministerio del Trabajo celebró que el trámite fuera aprobado, asegurando que en julio de 2025 es posible poner en vigor la reforma.

Antonio Correa del Partido de la U criticó como los congresistas de la oposición entraban y salían del recinto, como mecanismo para distraer las votaciones e incluso quedándose sin espacio para defender sus propuestas solo quedaron como constancias.

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