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La Corte Constitucional se declaró inhibida ante la ponencia de Alejandro Linares que proponía la despenalización del aborto en primer trimestre de gestación.
Este fallo judicial que sorprendentemente contó con el apoyo de las tres magistradas del alto tribunal, representa la continuidad de la inequidad institucionalizada que hace que el aborto seguro en Colombia sea un privilegio de pocas y una ley de palabras vacías para la mayoría de las colombianas.
Ahora, es necesario continuar la conversación, no solo por las dos demandas radicadas esta semana en la Corte si no porque, según cifras del Ministerio de Salud, anualmente son atendidas 132.000 mujeres por emergencias derivadas de abortos clandestinos (en 2019 murieron 70).
El sistema de causales nos falló, las barreras para acceder a la interrupción voluntaria del embarazo dentro de lo previsto por la Corte en 2006 son altísimas, especialmente para las mujeres que están en contextos vulnerables y en la ruralidad.
Es necesario que como sociedad nos planteemos la necesidad de migrar de un sistema de causales, hacia una regulación que no solo aporte a la eliminación de barreras, sino que también contribuya a erradicar la condena social que recae sobre el embarazo indeseado que obliga a las mujeres a acudir a la clandestinidad.
En pocas palabras, las niñas, adolescentes y mujeres humildes que enfrentan a estas situaciones no tienen la posibilidad de decidir sobre su maternidad con la seguridad, la tranquilidad y el acompañamiento necesario. Sus embarazos serán obligatorios o sus abortos peligrosos, porque el acceso a servicios de salud confiables no están permitidos por la ley. Para ellas, no existen más opciones.
Avanzar como sociedad significa que las niñas y mujeres en Colombia, sin importar si tienen o no recursos económicos o dónde vivan en el territorio nacional, puedan acceder a un aborto dentro del sistema de salud que dé respuestas libres de juicios y estigmas, con empatía y sin absurdos procesos burocráticos.
Está en el resto de nosotras recordarles insistentemente a las instituciones, al gobierno y a la sociedad que las mujeres que deciden interrumpir con sus embarazos merecen la misma ayuda, acompañamiento y cariño que aquellas que deciden libremente ser madres.
*Las opiniones expresadas en este texto son responsabilidad exclusiva de su autor y no representan para nada la posición editorial de Pulzo.
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