Zonas de Ubicación Temporal: ¿Puente hacia la paz o riesgo de fortalecer a grupos armados?

Las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) de combatientes diseñadas por el Gobierno Nacional han despertado un intenso debate en el contexto de la llamada “paz total”. Aunque surgieron como una alternativa para facilitar la desmovilización y concentración vigilada de miembros de grupos armados, las ZUT enfrentan serios desafíos relacionados con su operatividad, su justificación jurídica y los riesgos inherentes a la concentración de actores criminales en áreas estratégicas para economías ilegales como la producción de coca y la minería de oro. Esta situación se complejiza, según reportes de El Colombiano y declaraciones de analistas como Gerson Arias, por el hecho de que estas zonas existen hasta el momento solo en papel, debido a la ausencia de condiciones para su adecuada implementación.

En teoría, las ZUT cuentan con una duración definida y bajo sus normas, las autoridades legítimas deberían continuar ejerciendo funciones al interior de estas áreas. No obstante, su localización frecuente en municipios de escasos recursos administrativos, donde durante años organizaciones armadas han impuesto su dominio, pone en duda el verdadero control estatal. Adicionalmente, la Resolución N°161 que regula varias de estas zonas, estipula la suspensión de órdenes de captura, incluso para aquellos requeridos en extradición, siempre y cuando los implicados sean identificados y su presencia aceptada oficialmente, como fue el caso en la región del Catatumbo.

En siete meses recientes, el Gobierno ha anunciado la creación de igual número de ZUT para dialogar con cuatro grupos armados distintos. Sin embargo, ninguna de estas ha entrado en funcionamiento debido a factores que van desde crisis de orden público hasta exigencias de consultas previas con comunidades afectadas. Se suma la inquietud de que la vigencia y puesta en marcha de las ZUT podría depender del gobierno que asuma el poder tras el final del mandato de Gustavo Petro el 7 de agosto, lo que introduce una dosis de incertidumbre política y social respecto a la continuidad del programa.

El marco legal ha demostrado ser insuficiente para los retos de las ZUT, en especial para agrupar a actores sin estatus político reconocido, como el Clan del Golfo. El gobierno no ha promovido leyes de sometimiento en el Congreso, y esto genera un limbo jurídico riesgoso que podría acarrear demandas en el futuro. La inquietud la comparte Andrés Preciado, investigador de la Universidad Eafit, quien advierte sobre lo prematuro de negociar estos espacios sin bases legales sólidas.—más allá de la necesidad de resultados políticos inmediatos.—

Los casos prácticos ilustran las dificultades: en Tibú (Norte de Santander), área asignada al frente 33 de las disidencias de “Calarcá”, la implementación de la ZUT ha sido imposible por la presencia de minas antipersona y el riesgo estratégico que representa una región con la mayor concentración de cultivos de coca. En Mallama (Nariño), donde se negocia una ZUT con el frente Comuneros del Sur, el proceso está detenido a la espera de acuerdos con la comunidad indígena Awá, preocupada por el impacto en su territorio. De modo similar, las negociaciones avanzan lentamente con el Clan del Golfo y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), mostrando que la política de paz parece desenvolverse entre obstáculos legales, resistencias locales y el riesgo crónico de repotenciar el control de los grupos armados en áreas críticas.

La pregunta que surge entonces es si, ante la acumulación de problemas y el peligro latente de fortalecer rentas ilegales, resulta sensato confiar en que las ZUT consigan la desmovilización real y eviten que los grupos armados utilicen estos espacios como plataforma para expandir sus operaciones ilícitas.

¿Cuáles son los principales desafíos para que las ZUT funcionen en territorios en disputa?

Uno de los retos centrales para la operatividad de las Zonas de Ubicación Temporal es el entorno de seguridad local. Las regiones seleccionadas suelen estar marcadas por décadas de conflicto y control de grupos armados, lo que dificulta el ejercicio de autoridad por parte del Estado y pone en entredicho la protección prometida tanto para los combatientes como para la ciudadanía. La presencia de economías ilícitas, como la producción de coca o la minería de oro, añade un componente de riesgo al ofrecer incentivos para que los armados mantengan su presencia en vez de avanzar hacia una genuina desmovilización.

Adicionalmente, la ausencia de un marco legal claro y el deber de realizar consultas previas con comunidades afectadas prolongan los plazos y debilitan la legitimidad del proceso. Si los gobiernos locales carecen de recursos adecuados y apoyo estatal, y si los marcos normativos no se ajustan a los diferentes tipos de grupos armados participantes, las ZUT corren el riesgo de quedarse como simples anuncios. Esto plantea la necesidad de repensar la estrategia para que la paz planteada no termine reforzando, de manera indirecta, las estructuras criminales.