Alcaldía de Zipaquirá ordena a empresas de servicios públicos reorganizar el cableado aéreo por riesgos de seguridad y urbanismo

La alcaldía de Zipaquirá adoptó una postura mucho más firme ante el grave panorama que presenta la proliferación de cableado aéreo en el municipio, ordenando a las empresas de servicios públicos y de telecomunicaciones que tomen medidas urgentes para reorganizar sus redes. El alcalde Fabián Mauricio Rojas García, de acuerdo con información de El Espectador, remitió una petición formal y directa a las principales operadoras, que incluyen a Enel Colombia, Claro, Movistar, Tigo, ETB y DirecTV. A estas compañías se les otorgó un plazo improrrogable de 15 días para presentar respuestas detalladas sobre cómo planean intervenir, además de designar responsables y definir cronogramas para implementar las soluciones requeridas.

El punto de partida para esta decisión fue la identificación de múltiples problemas en las calles de Zipaquirá, donde cables caídos, ubicados a baja altura o abandonados representan serias amenazas tanto para peatones como para automóviles. La situación, según lo expresó el alcalde Rojas, ha llegado a tal grado de normalización que se convierte en un riesgo permanente y en un factor que afecta el orden y la seguridad urbanística. “Zipaquirá necesita conectividad, pero también necesita seguridad, orden urbano y respeto por nuestro espacio público”, señaló el mandatario, dejando en claro que la infraestructura tecnológica no puede pasar por encima de la integridad ciudadana ni del valor patrimonial de la ciudad.

Las obligaciones puntuales planteadas incluyen el retiro inmediato de cables en desuso o ubicados de manera peligrosa, la exigencia de identificar claramente las redes conforme a la empresa operadora, la atención prioritaria de los puntos críticos detectados y la elaboración de un plan progresivo para soterrar (colocar bajo tierra) las redes, con un énfasis particular en el centro histórico de Zipaquirá por su importancia turística y patrimonial.

Este requerimiento no constituye una simple advertencia; en términos legales, es una reclamación previa que habilita a la Alcaldía para iniciar, si no hay cumplimiento, acciones colectivas a través de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo mediante una acción popular. Con esto, el gobierno local busca proteger derechos colectivos como el goce de un ambiente sano, el uso adecuado del espacio público y la seguridad de sus habitantes. Más allá de una intervención puntual, la administración pretende erradicar un problema normalizado y establecer medidas de fondo que garanticen la seguridad y el orden urbanístico de la ciudad.

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¿Por qué la Alcaldía de Zipaquirá exige a las empresas reorganizar el cableado aéreo?

La exigencia responde a los constantes peligros que representan los cables caídos, sin identificación o abandonados para la seguridad de peatones y vehículos, así como al desorden urbano y la afectación del valor patrimonial en sectores clave como el centro histórico, de acuerdo con lo explicado por el alcalde Fabián Mauricio Rojas García y documentado en El Espectador.

¿Qué es una acción popular y cómo puede usarla la Alcaldía de Zipaquirá?

La acción popular es un recurso judicial que emplean las autoridades para proteger derechos colectivos fundamentales. En este caso, la Alcaldía de Zipaquirá podría emplearla ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo si las empresas de servicios públicos y telecomunicaciones no cumplen los compromisos, buscando con ello la protección del medio ambiente, el espacio público y la seguridad de la ciudadanía.