Estación férrea de Armenia: el ambicioso proyecto que busca revivir el patrimonio, pero choca con líos jurídicos

El proyecto Vive Colombia – Vías Verdes, liderado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), avanza como una de las principales apuestas para la conservación y recuperación del corredor férreo en varios municipios del Eje Cafetero. Las acciones planificadas abarcan Salento, Armenia, Montenegro y Quimbaya, extendiéndose hasta el tramo Nacederos–Puerto Caldas en el departamento de Risaralda, con una intervención inicialmente estimada en cerca de 47 kilómetros y una inversión aproximada de $39.300 millones, conforme a información brindada por Invías y recogida por La Crónica del Quindío.

Se delimitaron distintos sectores de intervención, desde Boquía hasta Puente Sucre, categorizados como tramos T1 a T6. Sin embargo, las decisiones finales sobre la viabilidad y extensión exacta de estos tramos dependen de los resultados de la etapa de preconstrucción, que aún no concluye. Hasta el momento, los tramos 5 y 6 presentan un avance del 85 % en estudios y diseños, y el proyecto se encuentra adjudicado y en ejecución, a la espera únicamente de la autorización formal de Invías para comenzar las obras, previstas para enero de 2026, según lo confirmaron fuentes como Lina Marcela Roldán Prieto, gerente de Proyecta, la Empresa para el Desarrollo Territorial.

En el caso específico de la estación férrea de Armenia y sus alrededores, la ejecución del proyecto enfrenta desafíos adicionales relacionados con la titularidad de los predios y la presencia de ocupaciones informales. El municipio de Armenia, con la aspiración de revitalizar la zona, solicitó un acuerdo con Invías para utilizar y proteger el corredor férreo, así como embellecer el entorno de los edificios patrimoniales de la estación. Este proceso llevó a la celebración del convenio No. 751 en abril de 2019, cuyo propósito es conjugar esfuerzos para la conservación y mantenimiento de este patrimonio local, marcando obligaciones claras y exclusivas para el municipio.

No obstante, la falta de recursos del municipio de Armenia y situaciones jurídicas no resueltas han impedido la concreción de los compromisos pactados, lo que ha redundado en que el Instituto reitere en varias ocasiones la necesidad de intervención, mientras se mantiene la protección legal del predio. Desde la Alcaldía, se reconoce la condición actual de la Estación como un deuda pendiente y la persistencia de diversas problemáticas sociales, culturales y económicas ancladas en la falta de solución estructural y definitiva.

Por otra parte, el concejal Jonatan Rojo Zuluaga subraya la importancia regional del proyecto y señala cómo la inadecuada utilización de las vías férreas ha propiciado asentamientos informales, afectando el entorno ambiental y la seguridad urbana. Además, recuerda que un contrato anterior para intervenir la zona, firmado en 2015, se halla en litigio judicial, lo cual dificulta la toma de acciones de fondo hasta que no haya un fallo definitivo.

Así, mientras los estudios y diseños para algunos tramos avanzan y cobran forma, la estación férrea de Armenia continúa a la espera de soluciones concretas que permitan su recuperación y resguardo, evidenciando la complejidad de articular voluntades institucionales y recursos necesarios para preservar el patrimonio y transformar los entornos urbanos.

¿Cuáles son las principales dificultades jurídicas que enfrenta la intervención en la Estación Férrea de Armenia?

La intervención en la Estación Férrea de Armenia enfrenta obstáculos jurídicos producto de demandas y litigios asociados a contratos previos que pretendían mejorar la zona mediante valorización. El contrato de obra No. 012 de 2015, concebido para este fin, fue objeto de demanda por posibles incumplimientos, situación que involucra responsabilidades tanto del municipio de Armenia como de la Empresa de Desarrollo Urbano. Esta disputa legal retrasa la posibilidad de emprender nuevas obras y ha conducido a la postergación de iniciativas clave para el mejoramiento urbano y preservación patrimonial.

El contexto jurídico se agrava con la inexistencia de decisiones definitivas que delimiten las responsabilidades y permitan destrabar el proceso. Mientras no se resuelva este conflicto, las autoridades locales carecen de la facultad para ejecutar intervenciones estructurales, lo que en la práctica mantiene estancados los avances en la restauración y recuperación integral de este bien de interés cultural, generando un impacto negativo en la calidad de vida de los habitantes del sector.