Briceño bajo fuego: violencia de grupos armados y militares deja heridos a dos adolescentes en un solo fin de semana

El municipio de Briceño, ubicado en el norte del departamento de Antioquia, vivió un fin de semana marcado por la violencia y la vulnerabilidad de su población, especialmente de los menores de edad. Dos incidentes separados, ocurridos entre el sábado 25 y el domingo 26 de abril, dejaron como saldo a dos adolescentes heridos, en hechos que reflejan tanto la persistente presencia de actores armados ilegales como los desafíos en la actuación de las fuerzas militares en la región.

De acuerdo con denuncias públicas de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), durante la noche del sábado 25 de abril presuntos miembros del frente 36 de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) instalaron un retén ilegal en la vereda El Orejón, una zona rural de Briceño. En ese contexto, detuvieron un vehículo en el que viajaba un niño de 13 años acompañado por su padre, quien lo trasladaba con urgencia al hospital de San Andrés de Cuerquia debido a una quemadura. Corpades reportó que los supuestos integrantes de la estructura criminal interrogaron a los ocupantes del carro, sospechando presuntos vínculos con otro grupo armado. En cuestión de segundos, abrieron fuego contra el vehículo.

La rápida atención médica permitió que el menor recibiera atención inicial y, posteriormente, fuera remitido a la ciudad de Medellín, donde se le extrajo el proyectil. Según Corpades, el niño se recupera de sus heridas, pero el caso puso de relieve la dramática exposición de la población civil, incluidos los menores, a los riesgos que implica el control territorial ejercido por las disidencias armadas en regiones rurales alejadas de Antioquia.

Un nuevo episodio violento se produjo en la mañana del domingo 26 de abril, esta vez confirmado por la Alcaldía de Briceño. En el corregimiento Travesías, un adolescente de 15 años fue herido con arma de fuego tras un altercado ocurrido en un establecimiento comercial, en el que presuntamente estuvieron implicados miembros del Ejército Nacional. Las autoridades locales emitieron un comunicado solicitando a las instancias militares el esclarecimiento urgente de los hechos y la identificación de cualquier responsabilidad de parte de los uniformados involucrados.

Según el pronunciamiento oficial de la Séptima División del Ejército, los soldados presuntamente se encontraban fuera de su base militar sin autorización y estaban departiendo en el lugar cuando se generó una discusión con el joven herido. Como consecuencia, uno de los soldados utilizó su arma de dotación y causó una lesión en una de las extremidades del adolescente, quien afortunadamente se encuentra fuera de peligro. Ante lo sucedido, se ordenó la apertura de un proceso disciplinario en contra de los dos militares implicados.

Ambos sucesos evidencian la compleja situación de seguridad en Briceño y sus alrededores, donde la presencia de grupos armados ilegales y los retos en el control de la Fuerza Pública generan un ambiente de miedo e incertidumbre entre la población, especialmente en la niñez y la juventud, quienes resultan directamente afectados y en condición de especial vulnerabilidad.

¿Qué implicaciones tiene para la comunidad la presencia de grupos armados ilegales y el involucramiento de las fuerzas militares en hechos violentos?

La preocupación por la seguridad en Briceño se acentúa cada vez que se reportan hechos donde la vida de menores y civiles queda expuesta tanto a acciones de grupos armados ilegales como a posibles excesos o irregularidades de agentes del Estado. Así lo evidencian los dos incidentes ocurridos el pasado fin de semana, donde jóvenes terminaron heridos a causa de la violencia que atraviesa el territorio. Esta situación incrementa la sensación de abandono estatal y limita el acceso a derechos fundamentales como la educación, la salud y la tranquilidad.

La presencia de disidencias armadas y eventuales actos indebidos de militares comprometen la confianza ciudadana en las instituciones y perpetúan un ciclo de temor y desprotección, dificultando la vida cotidiana de la comunidad. Esta problemática demanda respuestas integrales y transparentes por parte de las autoridades, así como garantías efectivas para la protección de los habitantes del municipio, en particular de los menores de edad.