¿Situación de violencia en Colombia es “una gran mentira”, como dice el presidente Petro?

La inocultable crisis de orden público que atraviesan varias ciudades y regiones del país, como Cúcuta, afectada hace pocos días por actos terroristas; la vecina región del Catatumbo, en donde la guerra que les declaró el Eln a las disidencias de las Farc deja más de 60 muertos, 50.000 desplazados y 20.000 confinados; o el Chocó, donde también el Eln amenazó con un ‘paro armado’, lo que afectó la vida de sus habitantes, hizo que el Consejo Gremial Nacional (CGN) rechazara esos actos de violencia y exigiera respuestas del Gobierno Nacional. El presidente Gustavo Petro le respondió, pero no como esperaría el país, con acciones para cambiar la situación, sino asegurando que el CGN les “dijo una gran mentira a los colombianos”.

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La abrumadora evidencia de lo que ocurre en el país en materia de seguridad deja en un plano de incertidumbre la afirmación del mandatario, que, además, presenta dos problemas: el primero es que el CNG, en ninguna parte del comunicado que expidió —en el que expresó “su más enérgico rechazo ante los actos de violencia y terrorismo” en Cúcuta y Chocó, y se solidariza con los habitantes del Catatumbo— habla de “crisis de violencia”, como les endilga el jefe de Estado. Tampoco aluden a la situación generalizada de desorden público que vive el país, sino solo a esos tres puntos específicos de la geografía colombiana.

El otro problema es que el presidente Petro reduce el concepto de violencia solo al número de homicidios, cuando hay otros factores involucrados, como los secuestros (en los últimos días fueron secuestrados y liberados por el Eln cuatro soldados en Arauca y aún no se conoce el paradero ni el estado de la expersonera de Tamalameque, Cesar, Yennis Salazar), el narcotráfico, las extorsiones (disparadas desde las cárceles) y otros más.

El último día del año pasado, en entrevista con Pulzo, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, dijo que la administración capitalina en 2024 “le puso el pecho” a la lucha contra la extorsión de manera decidida. “Y se ve cómo llevamos un año luchando contra la extorsión en Bogotá, pero es como el único lugar donde se habla del tema. Eso lo demuestra que apenas hace dos meses 3.500 puntos de una empresa de giros [SuperGIROS] tuvieron que cerrar en la Costa. Mientras que Bogotá lleva un año en una lucha frontal contra la extorsión, en el resto del país parece que es un tema que no está en la agenda pública”, dijo.

El jefe de Estado admitió solo “focos regionales de violencia”, pero invitó a que no se olvide que la tasa de homicidios de Colombia en su Gobierno “es menor que la de Duque y que la de Uribe. Hoy tenemos un 66% apenas de la tasa de homicidios de Uribe”, escribió.

Todo eso lo expuso en la red social X, y para cerrar su trino aseguró sin rubor: “Vamos hacia la Paz”. Su afirmación, sin embargo, es interpelada por el hecho de que la política de “paz total” esta inocultablemente en crisis, sobre todo por las acciones violentas y las manifestaciones de los cabecillas del Eln, que descalifican al mandatario, y porque otros grupos armados organizados como las disidencias de las Farc que encabeza alias ‘Iván Mordisco’ están en guerra abierta contra el Estado. Su administración apenas avanza en unos diálogos con facciones de las disidencias y del Eln. No hay, en concreto, nada más.

Este martes, el ministro de Defensa saliente, Iván Velásquez, a quien amplios sectores de la oposición responsabilizan por el descuadernado orden público, dijo en la Casa de Nariño: “[…] Durante estos dos años, los hechos que han afectado el orden público en varias regiones del país se han maximizado. Reconocemos la gravedad de la situación, pero se han maximizado para mostrar como que durante este Gobierno se deterioró absolutamente el orden público”. Es decir que, para Velásquez, por ejemplo, no tienen ningún asidero en la realidad advertencias como las de la Defensorial del Pueblo.

Ese organismo encargado de la promoción y protección de los derechos humanos advirtió en su más reciente informe sobre once focos de emergencia humanitaria, que impactan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, afrocolombianas e indígenas, así como a menores de edad, por las actividades ilegales de diez grupos armados incluyendo el Eln, el ‘Clan del Golfo’, las disidencias de las Farc comandadas por alias ‘Mordisco’ y alias ‘Calarcá Córdoba’ y organizaciones criminales como los Shottas y los Espartanos, y que afectan seriamente regiones de Nariño, Cauca, el Pacífico Vallecaucano, Antioquia, la Sierra Nevada, Perijá, Magdalena Medio, Arauca, Meta, Guaviare, Sur de Córdoba, Buenaventura, Tolima y Putumayo.

Quizá también, a la luz del presidente Petro y de su ministro de Defensa saliente, sea una maximización el llamado de la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, en la pasada cumbre de mandatarios regionales, en donde manifestó su preocupación: “Jamás había visto las vías de mi territorio selladas con banderas y pipetas, con cilindros bomba. Nunca había visto el territorio completo sellado en una crisis humanitaria como la que tengo”. Y luego le habló al nuevo ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, “Le solicito arranquemos cuanto antes la atención de la crisis de seguridad del Chocó. El constreñimiento armado no da espera”.

La violencia en Colombia no solo se tasa en homicidios. Por eso, el Consejo Gremial Nacional, después de la gobernadora del Chocó, también le hizo “un llamado urgente al Ministerio de Defensa y a las demás autoridades pertinentes, para que se tomen las acciones necesarias para garantizar la seguridad en todo el territorio nacional”. En su opinión, “La presencia activa y decidida del Estado es crucial para que estos actos de violencia [los de Cúcuta, Catatumbo y Chocó] no queden impunes y para asegurar que los ciudadanos pueden vivir y trabajar en un entorno libre de temor y violencia”.

¿Es “una gran mentira” lo que plantean los gremios de Colombia? ¿Solo los homicidios son el indicador de violencia en el país? ¿Se han “maximizado, como dice Velásquez, los hechos que han afectado el orden público en varias regiones? Las respuestas las tienen los colombianos en su día a día.