Defensoría del Pueblo alerta por aumento de violencia armada y riesgos para comunidades indígenas en Ricaurte y Mallama, Nariño

La Defensoría del Pueblo, mediante la Alerta Temprana número 25 de 2026, encendió las alarmas sobre el aumento de la violencia en los municipios de Ricaurte y Mallama, ubicados en el piedemonte costero de Nariño. Esta preocupación surge por la presencia y convivencia armada de dos organizaciones ilegales: por un lado, los Comuneros del Sur, escindidos del Ejército de Liberación Nacional (Eln) desde 2024; por otro, el Frente Iván Ríos, perteneciente a la disidencia Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB). Según el mismo organismo, estos grupos sostienen un acuerdo establecido en 2024, mediante el cual se reparten el control territorial, dominando corredores hacia Ecuador, la carretera Troncal Vía al Mar, además de apropiarse de recursos provenientes del narcotráfico y la minería ilegal.

De acuerdo con la Defensoría, la culminación de la mesa de diálogo con la CNEB en agosto de 2026 podría catalizar nuevas disputas armadas en la región. También advirtió que, ante este panorama, no se descarta el regreso de facciones tanto del Eln como del Estado Mayor Central (Emc), estructura que sigue instrucciones de alias “Iván Mordisco”. El informe expone la dinámica de ‘tercerización criminal’, consistente en delegar actividades ilícitas a agrupaciones como las Autodefensas Unidas de Nariño (Aun) —con nexos en Ecuador con Los Lobos y Los Choneros— y la Nueva Urías Rondón Frente 37, la cual emplea símbolos del Emc. Igualmente contribuyen bandas locales llamadas Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos, quienes perpetran asesinatos por encargo, extorsionan mediante las llamadas “vacunas” y ejercen tareas de vigilancia, facilitando el control social y la impunidad, según la entidad.

Este dominio armado vulnera seriamente la autonomía y la integridad de los pueblos indígenas, especialmente los Awá —integrantes de Camawari y Uripawa— y los Pastos del Gran Mallama. Datos reportados por la Defensoría evidencian un agravamiento de la seguridad, resaltando una tasa de homicidios en Mallama de 67,37 por cada 100.000 habitantes en 2026. Casos recientes, como la masacre de tres familiares en Ricaurte y el asesinato de jóvenes en Mallama, ilustran la gravedad. También se han registrado homicidios selectivos de líderes indígenas y sociales, así como firmantes del acuerdo de paz.

El documento destaca graves infracciones al derecho internacional humanitario (DIH), incluyendo ataques a misiones médicas, el asesinato de pacientes y la instalación de minas antipersonal. Frente a esta crisis, la Defensoría formuló 29 recomendaciones para fortalecer la protección institucional y comunitaria, instando al Estado a actuar con urgencia para evitar el exterminio físico y cultural de los pueblos Awá, la desestructuración de los Pastos y el impacto sobre comunidades campesinas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué riesgos enfrentan los pueblos indígenas Awá y Pastos en Ricaurte y Mallama según la Defensoría?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los pueblos indígenas Awá y Pastos viven bajo una amenaza creciente debido al dominio de estructuras armadas que vulneran su autonomía, debilitan la cohesión comunitaria y ponen en peligro su integridad física y cultural. Además del riesgo de violencia directa, estas poblaciones enfrentan infracciones al derecho internacional humanitario, reclutamiento forzado y un deterioro acelerado de la seguridad en la región.

¿Qué significa la tercerización criminal en el contexto de la alerta en Nariño?

En el contexto señalado por la Defensoría, la tercerización criminal consiste en que grandes estructuras armadas delegan actividades delictivas como extorsión o sicariato a bandas locales (por ejemplo, Los Zabaleteros, Los Marihuanos y Los Flacos) y grupos externos como las Autodefensas Unidas de Nariño. Esta estrategia les permite aumentar su control territorial y social, al tiempo que refuerzan la impunidad en zonas rurales.