Reunión de ‘Violeta’ con jefe de MRP, prueba clave para vincularla con atentado al Andino

Con un video, la Fiscalía busca confirmar que esta mujer sí hacía parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo, responsable del ataque.

En las imágenes aparece la joven con Boris Ernesto Rojas, presunto jefe de ese grupo ilegal en la capital del país y coordinador de sus actividades terroristas, informó Noticias RCN.

“Al parecer dos de estos jóvenes supuestamente tienen o tenían relación con un movimiento revolucionario que estaba surgiendo. Entonces el supuesto de la Fiscalía es que todas las personas que se reunían con estos dos supuestos integrantes del MRP, hacían parte del MRP”, señaló el jurista Élmer Montaña en ese medio.

Luego de ser relacionada con el ataque al centro comercial, en el que murieron tres personas, Violeta Arango envío varios comunicados a los medios en los que negó cualquier participación con ese movimiento y con el atentado.

Sin embargo, en el escrito de acusación de la Fiscalía aparece como la responsable de la parte ideológica y operativa de las actividades de ese movimiento. Además es la única persona investigada por este caso que se encuentra prófuga de la justicia, y también es buscada por la Interpol.

La investigación de la Policía Judicial registró grabaciones en varios puntos de la ciudad y solamente muestran reuniones en la casa de Quijano, señaló el medio.

La defensa de los acusados, por su parte, argumentó que esas imágenes no prueban ningún delito, ni los relaciona con el atentado. En las próximas horas se espera que el juez decida si las más de 200 pruebas técnicas, documentales y testimoniales que la Fiscalía presentó son concluyentes.

Lea también: Estudiantes y egresados de universidades públicas integran MRP, dice Fiscalía

“La Fiscalía parte de suponer que si estos muchachos tuvieron la capacidad de colocar esas panfletarias en determinados lugares, también tuvieron la capacidad y la decisión de poner la bomba al centro comercial Andino”, agregó Montaña en el noticiero.

Con base en eso, el ente acusador pidió una pena de 30 años para las diez personas sindicadas de concierto para delinquir, terrorismo, homicidio agravado, homicidio agravado en tentativa, falsedad material en documento público y fabricación de explosivos y armas de fuego.