En un vehemente llamado a la responsabilidad fiscal y política dirigido a los miembros del Congreso de la República, el vicepresidente José Manuel Restrepo advirtió sobre las dramáticas consecuencias económicas que afrontaría el país en caso de no aprobarse la Ley de Rescate Económico promovida por la administración del presidente Abelardo De La Espriella. Durante su intervención en la Asamblea General de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), el alto funcionario urgió al Legislativo a no postergar las decisiones de fondo sobre la estabilidad macroeconómica nacional.
“Si no hacemos nada, en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada dos pesos de impuesto y en 2035 va a ser cuatro de cada cinco pesos de no hacer nada. Acá no se admiten pañitos de agua tibia, no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza, no se admite ser irresponsable frente a algo de esta dimensión, el gobierno de Abelardo De la Espriella asumiendo un costo político pone la cara y le habla de frente al país”, aseveró categóricamente Restrepo, subrayando que la iniciativa oficial busca corregir una senda de endeudamiento que hoy compromete un tercio del recaudo tributario nacional. Asimismo, enfatizó la gravedad de la coyuntura al señalar que “siempre se pueden buscar alternativas, pero no juguemos a la política con esa estrategia, porque no vamos a ser capaces de salir adelante y no me refiero a la política tradicional, me refiero a la burda política. Este escenario es donde se mide la responsabilidad de quienes nos gobiernan, tanto en el Ejecutivo como con el Legislativo”.
Las declaraciones del vicepresidente se produjeron en el marco del choque de posturas con el centro de pensamiento financiero, luego de que el presidente de la ANIF, José Ignacio López, presentara un paquete de reformas alternativas frente a las dificultades de viabilidad política del proyecto oficial en el Capitolio. La propuesta de la banca sugiere reconsiderar el incremento generalizado del IVA a insumos del sector productivo y frenar el aumento de los aportes parafiscales en la nómina para trabajadores calificados, planteando en su lugar mantener las tarifas del impuesto a la renta corporativa, intensificar la reducción del gasto público mediante recortes del 10 % en la planta burocrática de la Rama Judicial y organismos de control, vender activos estratégicos del Estado como ISA y aplicar un alza gradual en el precio del ACPM.
Pese a los cuestionamientos del sector privado sobre el impacto de la reforma en la canasta familiar y los sobrecostos a la contratación laboral formal, el Gobierno Nacional insiste en mantener el trámite de urgencia para el articulado, asegurando que cerca del 70 % del esfuerzo fiscal proviene del ajuste al gasto y de la reestructuración burocrática. Con este complejo panorama de fondo, la discusión se traslada a las comisiones económicas del Congreso, en donde el Ejecutivo intentará conciliar las objeciones del gremio económico sin diluir los ingresos previstos para equilibrar las finanzas públicas.
