Vargas Lleras votará 'sí', pero tiene dudas sobre algunos acuerdos con las Farc

Los menciona como un ejemplo del riesgo de que los civiles sean juzgados por la llamada Jurisdicción Especial para la Paz, pactada con el grupo guerrillero.

Así lo planteó en una entrevista a la revista Semana, en la que por primera vez fija su posición sobre los acuerdos, pues antes -dijo- no los conocía.
Con estas declaraciones, Vargas Lleras controvierte parcialmente un análisis publicado por la misma revista, en el que se aseguraba que el vicepresidente renunciaría en julio porque sus reparos a los acuerdos de paz no serían atendidos.

El análisis de la revista planteaba que la posición de Vargas Lleras obedecía a cálculos políticos de su candidatura a la presidencia. Esa posición crítica y salida le permitiría hacer alianzas con el uribismo, el mayor crítico del proceso.

Su voto a favor del ‘sí’ lo distancia de ese escenario, y mantiene la posición crítica.

Un empresario que pagó porque lo estaban extorsionando tendrá que demostrar que lo extorsionaban, y eso no es sencillo porque la extorsión no se hace por medio de un documento escrito con firma responsable. Otros pagaron por temor, porque un grupo armado dominaba la zona donde operaban sus negocios y ese miedo los llevó a pagar… O que pagó para que se dejara pasar un camión con mercancía”, dijo.

La Jurisdicción Especial para la Paz es el ente que se acordó con las Farc para investigar, esclarecer, perseguir, juzgar. Y sancionar las violaciones de derechos humanos y las graves violaciones a los derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario durante la guerra.

Para Vargas Lleras, se le dieron excesivas facultades, por ejemplo para revisar sentencias ya en firme, no se le fijó un límite de tiempo para operar, y no respeta la Rama Judicial del poder público.

Vargas Lleras no dejó entrever posibilidad de renuncia; por lo contrario, confía que el Congreso precise y limite sus alcances.

(La Jurisdicción Especial para la Paz se debe dedicar) a investigar y procesar a los responsables de conductas criminales cometidas sistemáticamente, a los autores materiales e intelectuales de delitos atroces y de crímenes de lesa humanidad y a los grandes financiadores de los grupos armados”.