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Esto, luego de que se autorizara el envío del uniformado Dalberto Rincón a la justicia de Estados Unidos, por supuestamente tráficar cocaína a ese país.
El delito por el que señalan a Rincón, que se acogió a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por crímenes ejecutados en el marco del conflicto armado, lo habría cometido después de la firma del acuerdo de La Habana, por lo que su caso sería idéntico al de ‘Jesús Santrich’, indicó El Tiempo.
En ese sentido, el Centro Democrático y el partido de la U pedirán que se haga una “sala especial para militares” porque los uniformados no están recibiendo los mismos beneficios que sí están recibiendo los exguerrilleros, según el diario.
“Esto demuestra que una sala especial para militares sí se necesita. Con este auto queda claro que están desprotegidos. Hay que hacer claridades “, dijo Gabriel Santos, vocero del partido de Gobierno.
Y es que una resolución, citada por el periódico, de la JEP dice que “un miembro de la Fuerza Pública no puede ser beneficiario de la garantía de no extradición, aunque la conducta por la que fuere solicitado en extradición estuviera abarcada por la competencia de la JEP” y explica que esto solo aplica para exmiembros de las Farc.
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Al respecto, el experto en justicia penal internacional y militar Jean Carlo Mejía, consultado por CM&, dijo que esto fue una de las diferencias que se acordó en la negociación que no fue buena porque es un trato “asimétrico”.
Por su parte, el senador del partido de la U José Ritter López señaló que el artículo 153 de la ley estatutaria, que fue uno de los que el presidente Iván Duque objetó, permitiría que la JEP sí cobije a los militares con la garantía de no extradición, pues en él se promete garantizar la no extradición a “otras personas” que conocieron el conflicto armado y contribuyan al conocimiento de la verdad.
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