Estudiantes en Colombia sonríen: universidades públicas ahora sí tienen que ser gratuitas

En cuarto y último debate, la plenaria del Senado de la República aprobó un proyecto de ley que garantiza que la educación superior que se brinde en instituciones de orden público –por ejemplo universidades o institutos–, sea gratuita.

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La iniciativa, que fue aprobada por unanimidad, beneficia a todos los estudiantes colombianos sin distinción o causal de exclusión. Frente a su financiación, la iniciativa establece que el Gobierno Nacional garantizará los recursos necesarios para asegurar la gratuidad en el valor de la matrícula de los programas de pregrado a través del Presupuesto General.

Además, se autoriza a las entidades territoriales transferir recursos que garanticen la gratuidad de la matrícula. Se establece también que en ningún caso lo dispuesto en la iniciativa afecta los presupuestos actuales de las instituciones de educación superior.

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Por otro lado, se indica que el Ejecutivo promoverá medidas para garantizar la permanencia y terminación de los procesos formativos de los jóvenes, priorizando grupos poblacionales en condición de pobreza extrema, víctimas del conflicto y pertenecientes a comunidades étnicas, así como la población con discapacidad, madres cabeza de familia y jóvenes graduados como bachilleres de colegios oficiales, ubicados en las zonas rurales del país y que se encuentren en el Sisbén IV.

El proyecto cuenta con el respaldo de los movimientos estudiantiles y profesorales, quienes participaron e incidieron en la construcción del proyecto de ley en la legislatura pasada, luego del estallido social.

“El proyecto será una realidad. Buscamos eliminar barreras de acceso, garantizar la permanencia educativa y atender el reclamo histórico del movimiento estudiantil y de la juventud colombiana que ha exigido educación gratuita, pública y de calidad por años”, declaró la autora del proyecto, la senadora María José Pizarro (Pacto Histórico).

Antes de convertirse en ley, la iniciativa –que ya cuenta con el aval de los Ministerios de Haciendo y Educación–, debe ser conciliada y luego pasará a sanción presidencial.