Reconocida universidad en Bogotá recupera acreditación de alta calidad por orden judicial

La Universidad Sergio Arboleda vuelve a tener acreditación de alta calidad, luego de que el Tribunal Superior de Bogotá tumbara la decisión del Gobierno de quitarle esta certificación. La Sala Civil del Tribunal concluyó que el Ministerio de Educación vulneró el derecho al debido proceso de la institución educativa, incluso calificando la decisión de “desproporcionada” y “arbitraria”. Ahora, la cartera debe emitir nuevas decisiones, teniendo en cuenta las órdenes de la sentencia.

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En concreto, la decisión deja sin efectos dos resoluciones del Ministerio de Educación: una de agosto de 2022, que dejó a la Universidad Sergio Arboleda sin acreditación de alta calidad, ordenándole iniciar un plan de mejora para recuperarla. Y otra más, de septiembre del mismo año, que le ordenaba quitar de toda su publicidad institucional cualquier mención a la acreditación. La institución educativa intentó impugnar esta última, pero el Ministerio le dijo que no procedían los recursos.

A juicio del Tribunal de Bogotá, con esa actitud del Ministerio de Educación “realmente se dificulta accionante el ejercicio de los medios de control”. Según se explica, la decisión de agosto, que le quitó la acreditación a la Sergio Arboleda no era una actuación definitiva. En esa medida, el siguiente pronunciamiento que emitió el Ministerio, que ordenaba remover toda la publicidad, “se torna arbitrario al imposibilitar su cuestionamiento”, explica el fallo de tutela.

Es así como, para la justicia, la decisión del Ministerio contra la Universidad Sergio Arboleda fue “desproporcionada, arbitraria y lesiva del debido proceso sancionatorio”. Por eso le ordena a la cartera de Educación que, en 48 horas después de ser notificada del fallo, emita una nueva decisión frente a la acreditación de alta calidad de la institución educativa.

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En primera instancia, un juez civil de Bogotá había negado la tutela de la Sergio Arboleda. Entretanto, la Universidad también había iniciado un proceso administrativo: llamó a conciliación al Ministerio de Educación ante la Procuraduría, paso obligado antes de interponer una demanda contra una entidad pública. Pero, para el Tribunal, en lo que se resuelve este último trámite se podría haber consumado un grave daño para la institución educativa.