Policía se metió a la Universidad Nacional; después reportaron hallazgo de varios elementos
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Catalina Toro dijo desconocer los motivos de la intervención en el campus. Un reporte posterior indicó que las directivas solicitaron un registro en dos faculta
La decana de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, Catalina Toro Pérez, rechazó el ingreso de la fuerza pública al campus de la sede Bogotá durante la madrugada de este jueves 19 de noviembre.
(Vea también: Paro nacional en Colombia el 19 de noviembre deja enfrentamientos y bloqueos en varias ciudades del país)
En un comunicado dirigido a la comunidad universitaria, la funcionaria aseguró que desconoce los hechos y los motivos que llevaron a la intervención policial en las instalaciones de la institución, específicamente en el edificio 201, identificado como Gabriela Peláez Echeverry.
“Rechazo categóricamente cualquier ingreso de la fuerza pública al campus y a las instalaciones de la Facultad”, manifestó Toro Pérez, quien solicitó a las autoridades competentes aclarar lo ocurrido.
La decana también expresó preocupación por las posibles consecuencias de este tipo de actuaciones para la tranquilidad y la integridad de estudiantes, profesores y demás integrantes de la comunidad universitaria.
En el documento, cuestionó cualquier procedimiento que pueda señalar, perfilar o estigmatizar a quienes hacen parte de la institución y defendió las garantías para expresar posturas personales y políticas sin sufrir señalamientos.
Acá, el comunicado:
Compartimos con la comunidad académica y administrativa el Comunicado de la Decanatura, emitido por la profesora Catalina Toro Pérez – 19 de noviembre de 2026. https://t.co/dm2eti1034
— Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales (@fdcps_unal) November 19, 2026
Reportan registro policial en edificios de Derecho y Sociología
Horas después se conoció otra información sobre el procedimiento. El periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, aseguró que las autoridades confirmaron que las directivas de la Universidad Nacional solicitaron un registro luego de recibir una alerta.
Según ese reporte, agentes de la Sijín y de la Sipol, adscritos a la Policía Metropolitana de Bogotá, adelantaron la inspección en los edificios de las facultades de Sociología y Derecho.
Durante el procedimiento habrían encontrado pancartas, máscaras antigás, tarros de pintura y prendas que, de acuerdo con la descripción entregada por las autoridades, serían empleadas para amenazar estudiantes y cometer actos de vandalismo.
La información divulgada no precisa quiénes tenían esos elementos, si hubo personas identificadas o capturadas ni qué destino tendrían los objetos encontrados.
El reporte también abre interrogantes sobre las circunstancias en las que se produjo el ingreso policial y la coordinación con las autoridades universitarias, especialmente porque la decana de Derecho aseguró que desconocía los motivos de la intervención.
Confirman oficialmente las autoridades que ante una alerta recibida, las directivas de la @UNALOficial pidieron un registro que fue adelantado por agentes de la Sijín y de la Sipol adscritos a la @PoliciaBogota en los edificios de las facultades de Sociología y Derecho, en donde hallaron pancartas, máscaras antigas, tarros de pintura y “prendas empleadas para amenazar estudiantes y cometer vandalismo”.
— Ricardo Ospina (@ricarospina) November 19, 2026
Universidad Nacional, en medio de tensión por manifestaciones en Bogotá
La situación se conoció en una jornada de movilizaciones que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en inmediaciones de la Universidad Nacional, sobre la carrera 30 con calle 26.
Durante la tarde hubo presencia de tanquetas y unidades antidisturbios, además de afectaciones en la movilidad y en el servicio de TransMilenio.
El episodio vuelve a poner sobre la mesa la discusión sobre el ingreso de la Policía a los campus universitarios y los límites de la autonomía de estas instituciones.
En septiembre de 2026, representantes de la Universidad Nacional ya habían planteado la necesidad de establecer protocolos para definir en qué circunstancias excepcionales podría ingresar la fuerza pública y cómo debería coordinarse esa actuación con las directivas universitarias.
Por ahora, las dos informaciones conocidas dejan preguntas pendientes sobre el procedimiento de este jueves: qué motivó la intervención, quién la autorizó y cómo se coordinó con las directivas de la institución.
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