Habló exsenador que salió bien librado de caso de corrupción en la UNGRD; ¿por qué lo investigaban?

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La Corte Suprema determinó que no había pruebas ni indicios suficientes para abrir un proceso formal contra el excongresista conservador.

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia resolvió no abrir investigación formal contra el exsenador del Partido Conservador Carlos Andrés Trujillo González, dentro del proceso relacionado con el escándalo de corrupción que salpicó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).

El alto tribunal no halló elementos que permitieran atribuirle al exparlamentario una conducta con visos delictivos, por lo que dispuso el archivo de las diligencias una vez la decisión quede en firme. La Corte fue enfática al señalar que en el expediente no existía evidencia, indicio ni prueba de alguna acción u omisión de Trujillo González que pudiera considerarse un delito.

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La decisión quedó plasmada en un auto de 24 páginas, con ponencia de la magistrada Cristina Lombana Velásquez, aprobado el pasado 9 de julio. El proceso se había originado por una denuncia del hoy senador Enrique Gómez Martínez, que, según precisó la Corte, se basó en información divulgada por varios medios de comunicación sobre la trama de corrupción al interior de la entidad para atender desastres en el país.

Al analizar el contenido de esa denuncia, la Sala Especial de Instrucción concluyó que los elementos aportados no cumplían con el estándar necesario para justificar la apertura de una investigación penal. El tribunal fue claro en señalar que el escrito no pasaba de ser una sospecha del denunciante sobre lo que pudo haber ocurrido, en el marco del contexto generado por los hechos de la Ungrd.

La Sala añadió que, al no encontrarse una conducta penalmente relevante en cabeza del exsenador, tampoco era posible ubicar su actuación dentro de algún tipo penal. Con ese fundamento, la Corte resolvió inhibirse de abrir instrucción formal contra Trujillo González, y precisó que contra la determinación solo cabe el recurso de reposición.

Tras conocerse el fallo, el exsenador Carlos Andrés Trujillo habló con la revista Semana y afirmó que, durante varios años, fue vinculado al escándalo sin que existieran razones que lo justificaran. Señaló sentir tranquilidad después de más de tres años de espera, ya que la decisión de la justicia confirma lo que él siempre sostuvo sobre su falta de relación con los hechos investigados.

El exsenador explicó que una de las causas de su vinculación al caso fue el hecho de ser de Itagüí, mismo municipio natal con el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, además de haber estudiado en la misma universidad y trabajado en la administración municipal de ese mismo municipio. No obstante, insistió en que esas coincidencias no representan, en ningún caso, evidencia de un vínculo con los hechos del escandao de corrupción.

¿Qué es el caso Ungrd?

El caso Ungrd es, hasta el momento, el mayor escándalo de corrupción del gobierno de Gustavo Petro. La investigación se centra en un presunto entramado para desviar recursos públicos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), la entidad encargada de atender emergencias y desastres naturales en el país.

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El escándalo salió a la luz a comienzos de 2024, cuando se revelaron presuntas irregularidades en la compra de 40 carrotanques destinados a llevar agua a La Guajira, un contrato que habría registrado millonarios sobrecostos. A partir de ese hallazgo surgieron nuevos contratos bajo sospecha y un esquema de corrupción de mayor alcance: según el ente investigador, se trató de cinco proyectos a cargo de la Ungrd y otros 74 en manos del Instituto Nacional de Vías (Invías).

De acuerdo con la Fiscalía, esta red criminal habría comprometido COP 612.237 millones de recursos públicos, con un único propósito: garantizar gobernabilidad en el Congreso. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, ha señalado que se trató de una organización criminal en la que participaron altos funcionarios del Ejecutivo, congresistas y funcionarios de la propia entidad.