"Se acabó la alcahuetería": De La Espriella dio orden con 120 presos en Colombia para frenar extorsión

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El presidente Abelardo De La Espriella confirmó el traslado inmediato de 120 reclusos de la cárcel de Buenaventura a penales de máxima seguridad.

Una de las principales banderas del mandato del presidente Abelardo De La Espriella ha sido la lucha frontal contra la extorsión y los delitos coordinados desde el interior de los centros penitenciarios del país. Bajo la premisa de “oxigenar” el sistema y acabar con los privilegios de los cabecillas criminales, el Ejecutivo intensificó las medidas de control carcelario.

Este sábado 19 de septiembre, el jefe de Estado confirmó a través de sus canales oficiales que se materializó una orden previamente impartida para ejecutar un nuevo traslado masivo de internos desde la cárcel de Buenaventura, una de las regiones que más ha sufrido el flagelo de la criminalidad organizada.

“En Colombia se acabó la contemplación y la alcahuetería con la delincuencia”, sentenció el mandatario al anunciar la decisión de mover de manera inmediata a 120 reclusos hacia diferentes establecimientos de máxima seguridad del territorio nacional, buscando cerrarles los espacios a quienes pretendan continuar delinquiendo tras las rejas.

En las imágenes divulgadas por la Presidencia se observa el despliegue del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para cumplir con el procedimiento bajo estrictas medidas de seguridad. Los internos fueron reubicados portando uniforme naranja y bajo un riguroso esquema de vigilancia.

“Bien motiladitos y con uniforme naranja, bien amarraditos, y me los voy a llevar a unas cárceles en donde no entre ni siquiera la señal de la Santa Cruz para que no sigan atacando al pueblo. Se acabó”, advirtió De La Espriella, enfatizando que bajo su administración se impondrá la ley y el orden sin titubeos.

Esta nueva operación se suma al reciente traslado de 117 personas privadas de la libertad de alto perfil que se encontraban en la cárcel de Itagüí, entre quienes figuraban líderes de estructuras criminales vinculados a procesos de negociación de paz de la administración pasada.

Dichos reclusos fueron dispersados hacia centros de reclusión de alta seguridad en ciudades como Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne.

Con estas acciones, el Gobierno Nacional reitera su política de cero tolerancia frente al crimen organizado, asegurando que la fuerza del Estado actuará con firmeza para impedir que las cárceles sigan operando como centros de operaciones para la extorsión y el homicidio.