Presidente De la Espriella ordena traslado de 117 reclusos de alto perfil y sindicatos del Inpec exigen mayores garantías de seguridad
Tú navegador no es compatible para reproducir este audio
El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad.
Visitar sitioLa reciente ola de atentados en cárceles de Bogotá, Cali y Medellín resalta el riesgo para la guardia.
El primer gran movimiento en materia de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella tuvo lugar el pasado 7 de agosto, cuando ordenó el traslado inmediato de 117 reclusos de alto perfil a diferentes cárceles del país. Esta decisión se produjo en un contexto de preocupación creciente por la seguridad de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). Según voceros de la Unión de Trabajadores Penitenciarios (UTP), aunque tienen la capacidad para gestionar este tipo de traslados, es indispensable contar con mayor respaldo de las autoridades locales y de la fuerza pública para garantizar el ejercicio libre y seguro de sus funciones. Así lo expresaron a través de un video, en el que también rechazaron los recientes atentados cometidos contra la guardia civil a nivel nacional.
Esta solicitud adquiere relevancia tras el asesinato del subintendente Efraín Quesada, guardia del Inpec de 54 años, baleado el pasado 6 de agosto cuando estaba por iniciar su turno en la Cárcel de Máxima Seguridad de Palogordo. Además, durante la posesión presidencial, en Bogotá, también fue agredido el inspector de La Picota, Wilson Daniel Puentes, víctima de un disparo en el estómago cuando se dirigía a su casa. De acuerdo con la información publicada por El Espectador, el clima de violencia y amenazas se replica en ciudades como Cali, Barranquilla, Montería, Neiva, Popayán, Bucaramanga y otras regiones.
El Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios, citado por El Espectador, señaló que los funcionarios penitenciarios continúan trabajando en condiciones difíciles, marcadas por déficit de personal, infraestructura insuficiente y limitaciones tecnológicas, mientras los centros de reclusión albergan a personas de alta peligrosidad. En este contexto, piden la elaboración de una estrategia nacional de protección para los servidores penitenciarios.
De acuerdo con el Gobierno, los traslados, coordinados personalmente por el presidente De la Espriella, buscan retomar el control sobre las cárceles del país. Los detenidos reubicados, incluidos alias “Douglas” y alias “Carlos Pesebre”—voceros de anteriores procesos de diálogo durante la denominada “paz total”—fueron enviados a recintos en Bogotá, Medellín, Girón, Valledupar, La Dorada, Palmira, Ibagué y El Barne. La medida fue justificada por el presidente, quien criticó que, en la cárcel de Itagüí, reclusos presuntamente seguían delinquiendo e incluso habían realizado una fiesta vallenata con el cantante Nelson Velásquez, lo que motivó investigaciones en Fiscalía y Procuraduría por los privilegios y condiciones de reclusión de ciertos internos relacionados con la estrategia de “paz urbana”.
Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
¿Por qué los sindicatos del Inpec exigen garantías después del traslado de presos de alto perfil?
Los sindicatos del Inpec exigen garantías laborales y de seguridad debido a la creciente ola de violencia contra los funcionarios penitenciarios, como los recientes asesinatos y ataques. Explican que los traslados de reclusos de alto perfil exponen aún más a los trabajadores sin el acompañamiento y la protección adecuados por parte de la fuerza pública y las autoridades locales.
¿Qué motivó el traslado de 117 reclusos de alto perfil por orden del presidente De la Espriella?
El traslado fue motivado por la necesidad de retomar el control de las cárceles, tras diversas denuncias sobre actividades irregulares, incluidos casos en los que reclusos seguían delinquiendo e incluso organizaban fiestas como la que tuvo lugar en la cárcel de Itagüí. El gobierno consideró que era imprescindible reubicar a estos internos en establecimientos de máxima seguridad y evitar la concentración de poder delictivo en un solo recinto.
* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.
Temas Relacionados:
Recomendados en Nación
Te puede interesar
Sigue leyendo