Tragedia en Ataco reaviva alerta: minería ilegal pone en riesgo vidas y ecosistemas en Colombia

En la madrugada, un trágico accidente ocurrido en la vereda Las Cruces, en el municipio de Ataco, Tolima, ha vuelto a poner en el centro del debate nacional la problemática de la minería ilegal en Colombia. La Defensoría del Pueblo, a través de sus redes sociales, solicitó a las autoridades locales dar una respuesta inmediata a este evento y a la situación persistente de minería ilegal en la región, remarcando la necesidad de prevenir nuevas tragedias y proteger el medio ambiente ante el avance de estas actividades no reguladas. Las señales de alarma resuenan con fuerza, dado que este no es un hecho aislado sino parte de una cadena de incidentes que afecta tanto la seguridad de las personas como los ecosistemas locales.

La gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, calificó la situación de verdaderamente lamentable, enfatizando que el derrumbe fue consecuencia directa del “mal uso de esas máquinas” utilizadas en la explotación minera ilegal. De acuerdo con sus declaraciones a los medios, el uso imprudente de equipos no solo expone a quienes trabajan en estas minas, sino que también incrementa el riesgo de desastres y pérdidas humanas. Matiz destacó además que su administración, junto con la Policía Nacional, ha impulsado una campaña de gran alcance para combatir la minería ilegal, informando activamente a la comunidad de Ataco sobre el “costo de destrucción y muerte” que esta práctica conlleva, a través del reparto de boletos y materiales educativos.

Este episodio se suma a otros incidentes recientes que han conmocionado a la opinión pública. En septiembre del año pasado, otro accidente minero mantuvo en vilo al país durante dos días, cuando 23 mineros quedaron atrapados bajo tierra en una mina de oro del municipio de Segovia, Antioquia, operada por la empresa canadiense Aris Mining. Afortunadamente, todos fueron rescatados con vida, pero el hecho evidenció la constante amenaza y los elevados riesgos asociados incluso a la minería formal.

La magnitud del problema se refleja en los datos recopilados por la Procuraduría, que señalan que la minería ilegal está presente en 29 de los 32 departamentos de Colombia. A esta preocupación se suma el reporte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que en 2022 reveló que el 73% de la minería de oro de aluvión en el territorio nacional se realiza de forma ilícita, lo cual contribuye a graves problemas de contaminación por mercurio y deforestación.

En este contexto, la combinación de incidentes recientes, intervenciones gubernamentales y datos oficiales subrayan la complejidad y gravedad de la minería ilegal en Colombia. La reiteración de accidentes y desastres evidencia la urgencia de una respuesta integral para salvaguardar tanto la vida de los trabajadores como los recursos naturales.

¿Cómo afecta la minería ilegal al medio ambiente y a las comunidades?

La minería ilegal, según el reporte de UNODC mencionado previamente, ha incrementado los niveles de contaminación ambiental, especialmente por el uso indiscriminado de mercurio durante la extracción de oro. Este metal pesado causa daños en los suelos, el agua y representa serios riesgos para la salud de las comunidades cercanas. Más allá de la contaminación, la actividad ilícita también impulsa la deforestación, deteriorando ecosistemas y disminuyendo la biodiversidad.

Además del impacto ambiental, las comunidades ven afectada su seguridad y su salud ante el riesgo constante de accidentes mortales y la irrupción de dinámicas criminales asociadas a la minería ilegal. Las autoridades y entidades como la Defensoría del Pueblo subrayan la importancia de la prevención y atención inmediata para proteger vidas humanas y preservar los recursos naturales frente al avance de estas prácticas no reguladas. ¿Qué otras alternativas pueden considerar las comunidades y autoridades para enfrentar las consecuencias de la minería ilegal?