Desafíos en la atención y recuperación tras el terremoto: vivienda, salud y financiación según la Defensoría del Pueblo

Las consecuencias del terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto siguen afectando gravemente a varias comunidades. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, pese a que han pasado tres meses desde el desastre, persisten obstáculos en la atención y recuperación de las zonas impactadas, agravados por barreras en el acceso a vivienda, servicios básicos y la protección de derechos fundamentales.

La dimensión del impacto se refleja en los datos del Registro Único de Damnificados, citados por la Defensoría y referenciados con corte al 3 de noviembre, que contabilizan a 363.791 familias afectadas y 776.119 viviendas declaradas inhabitables. Asimismo, datos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, con corte al 27 de octubre, indican que el sismo dejó un balance de 334 personas fallecidas, 4.516 heridas y 102 desaparecidas.

Uno de los principales problemas identificados por la Defensoría radica en el acceso al registro de damnificados. Según la entidad, no existe actualmente una ruta definida para nuevos registros, para corregir inconsistencias o para reportar daños que hayan surgido posteriormente. Esto implica que muchas familias podrían quedar excluidas de recibir ayuda, ya que la inscripción en dicho registro es obligatoria para acceder a los apoyos.

En cuanto a las ayudas, la Defensoría reclama que el subsidio de arrendamiento otorgado, correspondiente a 1.050.000 pesos colombianos mensuales por tres meses, resulta insuficiente, pues el proceso de reconstrucción puede extenderse entre 12 y 18 meses. Además, la escasez de viviendas disponibles ha obligado a algunas familias a regresar a lugares inseguros y en malas condiciones.

El sistema de salud también enfrenta serias dificultades. La Defensoría reportó reducciones en la capacidad de atención, demoras en las consultas especializadas, entrega tardía de medicamentos y retrasos en autorizaciones. Por ejemplo, el hospital La Misericordia de Calarcá, en Quindío, continúa funcionando pese a tener daños estructurales y operar con la mitad de su capacidad. En Risaralda, se presentaron retrasos y suspensiones de servicios, afectando especialmente a los afiliados de la Nueva Empresa Promotora de Salud (EPS).

El sector educativo atraviesa un panorama igual de crítico. Muchos estudiantes no han podido regresar a clases presenciales, y quienes asisten lo hacen en instalaciones consideradas inseguras. La Defensoría advierte además sobre problemas en la ejecución del Programa de Alimentación Escolar, donde han detectado alimentos en mal estado, entregas incompletas y demoras.

En lo relacionado con la financiación de la recuperación, la Defensoría observó una brecha de 50,08 billones de pesos, pues de los 58,29 billones necesarios, solo se han identificado 8,21 billones en recursos iniciales. La única fuente confirmada con cronograma corresponde a una adición al presupuesto nacional a través de un crédito con el Banco Mundial. Sobre el Fondo Milagro, diseñado para centralizar recursos de asistencia y reconstrucción, existen dificultades de coordinación con otras entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos en la recuperación tras el terremoto según la Defensoría?

De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, los mayores retos incluyen la falta de una ruta clara para el registro de damnificados, la insuficiencia de subsidios, pocas viviendas disponibles, demoras en la atención en salud, dificultades en el acceso educativo y una brecha significativa de financiación para enfrentar la crisis.

¿Qué funciones cumple el Fondo Milagro y por qué enfrenta dificultades en su operación?

El Fondo Milagro fue creado para concentrar y administrar recursos dirigidos a la asistencia humanitaria, la reconstrucción y la reactivación económica de las zonas afectadas. Sin embargo, enfrenta problemas de articulación con el Fondo Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y otras instancias, lo que dificulta la ejecución y el flujo de recursos.