CIDH advierte desigualdades y retos en atención a damnificados por el terremoto del 10 de agosto en Colombia

Pese a que han pasado casi dos meses desde el terremoto del 10 de agosto, la identificación y atención efectiva de las personas damnificadas enfrenta serias dificultades. Así lo señalaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), que hicieron un llamado al Estado colombiano para que la gestión de la emergencia y el proceso de reconstrucción no profundicen las desigualdades existentes entre regiones y comunidades, de acuerdo con El Espectador.

Ambos organismos, aunque destacaron los esfuerzos tanto de autoridades nacionales como territoriales, señalaron que subsisten carencias importantes en el acceso a agua potable, alimentación, saneamiento, medicamentos y atención en salud mental, especialmente en los alojamientos temporales. Manifestaron inquietud por las familias obligadas a vivir en carpas o asentamientos improvisados sin servicios básicos, y subrayaron la importancia de prevenir la violencia basada en género en esos contextos.

De acuerdo con la CIDH, el terremoto causó la muerte de 331 personas, dejó 4.505 heridos y 111 desaparecidos, con un total de 466.709 personas afectadas en 16 departamentos y 498 municipios. Además, se reportaron daños severos: 36.326 viviendas destruidas y 202.002 averiadas, así como perjuicios en hospitales, colegios, carreteras, acueductos y otra infraestructura esencial.

Las alertas más graves recaen sobre municipios alejados y zonas rurales, donde la presencia institucional es limitada y la respuesta, obstaculizada por factores como presupuesto, infraestructura y seguridad. La presencia de grupos armados dificulta aún más el acceso a ayuda humanitaria. En regiones como el Chocó, estas dificultades se agravan por enfrentamientos en la subregión del San Juan y problemas geográficos y de transporte que impiden atender a las comunidades oportunamente.

La CIDH y Redesca señalaron que las consecuencias del sismo sobre pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes se suman a viejas brechas de acceso a servicios básicos. En lugares como Chocó, la falta de energía y conectividad complica la actualización de censos de afectados, ya que estos no aplicarían un enfoque étnico adecuado.

La educación también sufrió impactos significativos, con el riesgo de interrupciones prolongadas para más de un millón de estudiantes, principalmente en zonas rurales y étnicas. Para la CIDH, es fundamental garantizar el regreso seguro a clases, así como prevenir el abandono escolar y resolver brechas de conectividad, que dificultan la educación a distancia.

Todo esto ocurre en medio de riesgos adicionales como sequía e incendios asociados a El Niño. Según un reporte citado por los organismos, habían tres incendios activos y más de 50.000 hectáreas ya afectadas en Tolima. Ante ello, las entidades pidieron fortalecer las alertas tempranas y los recursos para organismos de emergencia, además de evitar usos irregulares de los terrenos afectados.

Pese a las medidas anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella, agrupadas en el “Plan Milagro” —que incluye subsidios y recursos para la reconstrucción—, la CIDH y la Redesca insistieron en la necesidad de asegurar acceso efectivo y equitativo a derechos básicos. Recalcaron que las medidas de emergencia deben ser excepcionales, temporales y respetar los principios democráticos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los principales retos para la atención de damnificados tras el terremoto del 10 de agosto?

Según la información presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, uno de los mayores desafíos es la identificación de las personas afectadas y la llegada de ayudas a sectores apartados. A esto se suman carencias en servicios básicos, dificultades de acceso en zonas rurales, la presencia de grupos armados que obstaculizan la ayuda y brechas en el acceso de comunidades étnicas a la asistencia. La falta de conectividad y energía limita el registro de damnificados y la efectiva distribución de los apoyos.

¿Qué estrategias propusieron la CIDH y Redesca para mejorar la respuesta a la emergencia del terremoto en Colombia?

De acuerdo con El Espectador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Redesca recomendaron que la identificación de damnificados, la entrega de ayudas y la reconstrucción se coordinen con autoridades locales y con los gobiernos propios de comunidades indígenas y afrocolombianas. Insistieron en la necesidad de la participación comunitaria, transparencia en el manejo de recursos, fortalecimiento de alertas tempranas y mejora en la capacidad de respuesta de bomberos y organismos de socorro. Además, enfatizaron que las medidas de emergencia deben ser temporales y respetar el Estado de derecho.