La relación al filo: las tensiones entre Gustavo Petro y Laura Sarabia que sacuden la política colombiana

En los meses recientes, la relación entre el presidente Gustavo Petro y la embajadora de Colombia en el Reino Unido, Laura Sarabia, ha acaparado la atención pública debido a una serie de incidentes y tensiones que han ido escalando con el paso del tiempo. Los desencuentros se intensificaron después de que el mandatario afirmara públicamente que Sarabia había realizado recomendaciones para la designación de interventores en el sector salud, quienes luego fueron apartados por presuntas irregularidades. Este episodio reavivó antiguos desacuerdos y puso nuevamente bajo escrutinio la historia compartida entre ambos actores políticos, marcada por periodos de colaboración y distanciamiento.

La trayectoria de Sarabia junto a Petro inició desde el comienzo de su Gobierno, desempeñándose como jefa de gabinete. Sin embargo, la primera controversia surgió cuando se conoció que Sarabia había sometido a la niñera Marelbys Meza a interrogatorio y polígrafo sin la compañía de abogado, un hecho ocurrido en un edificio vinculado a la Casa de Nariño, según información de El Espectador. A los días, salieron a la luz audios de Armando Benedetti, entonces embajador en Venezuela, en donde acusaba a Sarabia de aislarlo del presidente y la responsabilizaba por su exclusión del Gobierno. Este incidente llevó a la destitución provisional de Sarabia, aunque su regreso al círculo cercano de Petro se dio solo meses después.

En septiembre de 2023, Sarabia fue nombrada directora del Departamento de Prosperidad Social, y en febrero de 2024 pasó a liderar el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre). Sin embargo, para enero de 2025 ya se vislumbraba un alejamiento definitivo, coincidiendo con el regreso de Benedetti al escenario político nacional. Poco después, Sarabia asumió la Cancillería, posición en la que se acentuaron los roces con el jefe de Estado, especialmente tras la desautorización pública que hizo Petro respecto a un memorando de la Ruta de la Seda firmado con China, reafirmando que él era responsable de las relaciones exteriores del país.

Estas diferencias se consolidaron con la controversia por la licitación de pasaportes, cuando Sarabia anunció la extensión del contrato con Thomas Greg & Sons, pero Petro la contradijo en uno de sus consejos de ministros televisados y delegó el proceso a Alfredo Saade. Este desencuentro precipitó la renuncia de Sarabia al Ministerio de Relaciones Exteriores y su posterior designación como embajadora en Londres.

La más reciente disputa ocurrió cuando Petro hizo público que interventores de la Supersalud, presuntamente implicados en el desvío de recursos para el sistema de salud, habrían recibido el respaldo inicial de Sarabia. En respuesta, la embajadora solicitó formalmente a la Fiscalía que convoque a declarar a quienes la involucran, incluido el presidente, con el fin de esclarecer estos señalamientos. Lina Sandoval Echavarría, a través de su cuenta de Twitter, insistió ante la Fiscalía en aportar pruebas digitales que exoneran a Sarabia de cualquier influencia en dichas designaciones.

Este cruce de acusaciones ocurre en la víspera de un importante encuentro diplomático entre los presidentes de Colombia y Estados Unidos, evento que coincide con el acto protocolario en el que Sarabia entregará sus cartas credenciales ante el rey Carlos III. Así, el desgaste en la relación entre Petro y Sarabia refleja las complejidades del actual panorama político colombiano, en medio de cambios institucionales y la proximidad de una nueva cita electoral, según los reportes de El Espectador.

¿Cuáles son las funciones de un interventor de salud y por qué son relevantes en el contexto político?

Un interrogante recurrente vinculado a estas polémicas radica en el rol y la importancia de los interventores de salud dentro de la administración pública. El interventor de salud es el funcionario encargado de supervisar, vigilar y garantizar el correcto funcionamiento de instituciones o procesos del sistema de salud, asegurando que los recursos públicos sean utilizados de manera adecuada y transparente.

En contextos políticos como el colombiano, las decisiones sobre nombramientos de interventores adquieren relevancia estratégica, ya que su independencia y rigor influyen directamente en la gestión y percepción ciudadana sobre la administración del sistema de salud. Por ello, cualquier sospecha de injerencia política o clientelismo en estas designaciones puede derivar en controversias que no solo afectan la agenda sanitaria, sino que también debilitan la confianza institucional y complican el panorama de gobernabilidad.