Choque en Valle del Cauca: Petro y Toro cruzan acusaciones tras ola de violencia y fallos en “paz total”

La tensión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se ha incrementado notablemente en las últimas jornadas, con mensajes cruzados en la red social X (anteriormente Twitter) en torno a la situación de seguridad en la región. Esta disputa ganó fuerza tras un reciente atentado en Cali, atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), que costó la vida a dos policías y representó el quinto ataque terrorista en la ciudad según declaraciones del alcalde Alejandro Eder, quien exhortó al Gobierno nacional a tomar un papel más activo frente a la crisis.

La gobernadora Toro sostuvo públicamente que la responsabilidad de afrontar la seguridad recae sobre las regiones, afirmando que gran parte de la carga ha sido asumida por las autoridades y comunidades locales. Frente a ello, Gustavo Petro desestimó sus señalamientos calificándolos como falsedades y recordó que existe una importante presencia militar en el Cauca, orientada a combatir a los actores armados y narcotraficantes que amenazan tanto al Cauca como al Valle del Cauca. Subrayó, a su vez, que decenas de soldados enviados bajo su mando han perdido la vida en el cumplimiento de sus funciones, de acuerdo con las propias publicaciones del mandatario en sus redes sociales.

La controversia se intensificó cuando Toro respondió al presidente, demandando su presencia física en los territorios afectados para enfrentar directamente la crisis. Desde su óptica, sólo un acercamiento real permitiría visualizar el impacto de los atentados, el avance de grupos armados ilegales y los resultados poco alentadores de la estrategia oficial denominada “paz total”, a la que consideró fallida. Paralelamente, la gobernadora destacó los esfuerzos departamentales en materia de seguridad y bienestar, mencionando la inversión en drones y respaldo logístico a la fuerza pública, así como una reducción de la pobreza multidimensional en un 60% durante la última década, información confirmada por sus propias declaraciones.

Este intercambio desembocó en nuevas acusaciones lanzadas por Petro, quien involucró a Toro en presuntos vínculos con el narcotráfico, lo que la mandataria rechazó de manera tajante, calificando tales afirmaciones como infundadas y ofensivas. El presidente, por su parte, insistió en denunciar una supuesta red de corrupción que implicaría la relación entre contrabandistas, políticos y algunos sectores de la fuerza pública, mencionando como ejemplo el uso fraudulento del plan Vallejo y zonas francas del departamento, y el involucramiento de funcionarios de la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales) amenazados por estas organizaciones.

Este episodio no es aislado: la confrontación de Petro con mandatarios regionales ha sido recurrente en este año, según lo reportado por El Espectador. Figuran en la lista de desencuentros las tensiones con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, y el gobernador antioqueño Andrés Julián Rendón. Así, el pulso entre el Ejecutivo nacional y los gobiernos locales constituye una constante en la discusión política y de seguridad en Colombia, en un periodo marcado por el auge de la violencia.

¿Qué significa “paz total” en el contexto colombiano?

La pregunta sobre el significado de la “paz total” adquiere relevancia en Colombia ante el debate sobre la eficacia de las políticas públicas enfocadas en la seguridad y el manejo de actores armados ilegales. En los recientes mensajes públicos entre el presidente Petro y la gobernadora Toro, el término surgió como eje de la crítica a la política nacional, sugiriendo que sus resultados estarían lejos de las expectativas iniciales.

Abordar qué implica la “paz total” permite entender el trasfondo de la disputa actual, ya que la gobernadora del Valle del Cauca menciona este concepto para cuestionar abiertamente la gestión estatal en la lucha contra la violencia y la criminalidad. Comprender sus alcances y limitaciones aporta claves para interpretar la profundidad de la crisis de seguridad que vive la región y la postura de los actores políticos involucrados.