Contratación relámpago en la UNP bajo la lupa: De La Espriella había pedido intervenir

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Un fallo judicial frenó en seco licitación multimillonaria de la Unidad Nacional de Protección, generando incertidumbre tanto en la entidad como en el personal.

La Unidad Nacional de Protección (UNP) ha sido forzada a detener su reciente proceso de selección para la contratación de nuevos escoltas, un plan que contaba con un presupuesto superior a los 78.000 millones de pesos. Esta decisión fue comunicada a los interesados tras conocerse la interposición de seis acciones de tutela que cuestionan la legalidad del procedimiento. En respuesta, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira ordenó a la entidad notificar a todas las uniones temporales vinculadas anteriormente y publicar el auto que oficializa la suspensión del proceso contractual.

El origen de esta intervención judicial se encuentra en la tutela presentada por un escolta, quien denunció ante la justicia una modificación “injustificada” en el alcance del proceso. Según el demandante, la entidad limitó la contratación exclusivamente a las Zonas 1 y 2, excluyendo de manera arbitraria a las Zonas 3 a la 10, a pesar de que todas estas áreas se encuentran en condiciones técnicas y jurídicas equivalentes.

El juzgado fue contundente en su evaluación. Señaló que esta “decisión administrativa arbitraria” genera una amenaza cierta e inminente sobre la estabilidad laboral de los trabajadores. El fallo destaca que, mientras los escoltas de otras regiones mantienen su continuidad mediante diferentes mecanismos, los de las Zonas 1 y 2 quedan expuestos a un alto riesgo de perder su empleo tras la adjudicación del contrato a un nuevo operador. El juzgado advirtió que esto desconoce el principio de confianza legítima e impone un trato discriminatorio que afecta gravemente el sustento familiar y el mínimo vital de los afectados.

Este proceso de contratación ya estaba bajo la lupa política. El presidente electo, Abelardo De La Espriella, había solicitado previamente la intervención de la Procuraduría, al considerar sospechoso que la adjudicación estuviera prevista para realizarse poco antes del cambio de gobierno. De La Espriella ha insistido en la revisión minuciosa de la provisión de más de 5.000 cargos que la administración saliente pretendía concretar. Con esta suspensión, la UNP se enfrenta ahora a un complejo escenario legal que pone en pausa un contrato estratégico para la seguridad nacional, a la espera de que se resuelvan las graves denuncias sobre la vulneración de derechos laborales.