Sistema judicial colombiano es ineficiente: Departamento de Estado de EE. UU.

Sobre Colombia, el Departamento de Estado dice que los problemas más graves registrados el año pasado fueron “la impunidad, un sistema judicial ineficiente, el desplazamiento forzado, la corrupción y la discriminación social”.

El informe, publicado el miércoles en la página web de la entidad, agrega:

Un ineficiente sistema de justicia sometido a la intimidación limitó la capacidad del Gobierno para procesar efectivamente a los individuos acusados de abusos contra los derechos humanos, incluidos los antiguos miembros de grupos paramilitares”.

El Departamento de Estado reconoce que el Gobierno le dio prioridad a los casos de abusos contra los derechos humanos y que incluso aumentó el presupuesto de la Fiscalía General, con el objetivo de investigar esas situaciones. Sin embargo, el documento agrega:

No obstante, el sistema, en general, falló a la hora de cerrar casos de forma rápida y eficiente”.

Y por si fuera poco, el Departamento de Estado agrega a la lista de problemas registrados en 2015 los siguientes:

• Asesinatos extrajudiciales e ilegales
• Ritmo lento de investigaciones, juicios y acusaciones en casos relacionados con asesinatos extrajudiciales
• Colaboración de militares insubordinados con miembros de grupos armados ilegales
• Desapariciones forzadas
• Hacinamiento e inseguridad en las prisiones
• Hostigamiento y  ataques contra grupos y activistas de derechos humanos, que incluyen amenazas de muerte y asesinatos
• Violencia contra mujeres adultas y adolescentes
• Tráfico de personas
• Trabajo infantil ilegal

Además, el informe asegura que las Farc y el Eln, así como los grupos de crimen organizado (algunos con exparamilitares en sus filas) siguen siendo los principales responsables de los siguientes abusos:

• Asesinatos políticos
• Asesinatos de miembros de miembros de la Fuerza Pública y de funcionarios locales Uso extendido de minas terrestres y artefactos explosivos improvisados
• Secuestros y desapariciones forzadas
• Violencia sexual y de género
• Soborno e intimidación de jueces, fiscales y testigos
• Infracción de los derechos a la privacidad de los ciudadanos
• Restricciones a la libertad de movimiento
• Extendido reclutamiento de niños para el combate
• Ataques contra activistas de derechos humanos
• Asesinatos, hostigamientos e intimaciones a profesores y sindicalistas