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Este martes, la Superintendencia de Industria y Comercio envió un documento con once preguntas a la alcaldesa de la capital por la controversia que se armó.
La entidad señaló que los requerimientos le surgieron luego de revisar y analizar la Política de Tratamiento de Información con la que la Alcaldía de la ciudad manejará los datos de la aplicación GABO (Gobierno Abierto de Bogotá) y la página de ‘Bogotá Cuidadora’.
En un comunicado, la SIC indicó que busca establecer si estos “cumplen la regulación colombiana relativa a la recolección y tratamiento de datos personales” y si “han implementado el principio de responsabilidad demostrada en esa materia”.
El texto no detalla cuáles preguntas deberá resolver el Distrito, pero recuerda que el ‘habeas data’ es un derecho fundamental en Colombia. Por eso, dice, intentará determinar si existen responsabilidades, y si estas son consideradas disciplinarias serán remitido a la Procuraduría General.
La primera aplicación de este tipo fue Coronapp, lanzada por el Gobierno Nacional. Sobre esta, el comunicado de la SIC asegura que acompañó a los desarrolladores para que cumpliera lo estipulado en la Constitución sobre la privacidad de la información.
Pese a esto, la seguridad de la información que los ciudadanos consignan allí también ha sido cuestionada por expertos.
La Superindustria aseguró que la Agencia Nacional Digital y el Instituto Nacional de Salud ya respondieron a esos requerimientos y están en proceso de verificación.
Además, señaló que las plataformas de ‘Medellín me cuida–Familias’ y ‘Cali-Valle corona’ también están bajo el estudio de dicha autoridad.
La aplicación de la capital antioqueña también respondió inquietudes y la del Valle está en el proceso de análisis técnico y jurídico. Hasta el momento no se conocen decisiones o hallazgos en ninguna de ellas.
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