Condena de 1.114 páginas contra Uribe parece castigar un "enemigo institucional”, dice doctor en derecho

Ante el revuelo que ha causado la sentencia de 12 años contra Álvaro Uribe, Botero, PhD en Derecho Constitucional Europeo, advirtió que la sentencia que condenó al expresidente Álvaro Uribe por fraude procesal y soborno de testigos vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho. Después de leer las 1.114 páginas del fallo, Botero concluyó que el documento está cargado de “excesos retóricos” que convierten el proceso penal en un escenario de escarmiento político.

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“La sentencia transmite un enfoque que desborda la dogmática penal garantista y se acerca peligrosamente al ‘Derecho Penal del Enemigo’”, explicó Botero, haciendo referencia a la teoría de Günther Jakobs, que permite tratar a ciertos acusados como peligros, mas no como personas de derecho.

Entre los elementos que preocupan al jurista colombiano —abogado europeo inscrito en el Conseil des Barreaux Europèens Brussels y experto en derechos humanos y cooperación internacional— se encuentran:

• El uso de un lenguaje estigmatizante, como “manchar el tapiz blanco de la justicia” o “quebrar la vena de la sociedad”, impropio de una sentencia judicial.
• La privación inmediata de libertad como medida ejemplarizante, a pesar de haber concedido prisión domiciliaria.
• La confusión en la imputación, entre dolo penal y enemistad política.

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Sentencia contra Álvaro Uribe, “escenario de escarmiento político”, dice abogado internacional

El abogado Martín Botero señaló que el fallo prioriza una narrativa moralizante y política, en lugar de un análisis estrictamente jurídico. Cita, por ejemplo, la manera en que se magnifica la afectación institucional, apelando a frases literarias y a la “responsabilidad compartida” de preservar la fe en la justicia, citando incluso a John Rawls.

Para Botero, estas expresiones “contaminan la motivación jurídica” y proyectan una imagen de justicia que se dirige más a la opinión pública que al expediente judicial, lo que vulnera el principio de imparcialidad consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Asimismo, el doctor en derecho criticó la orden de ejecución inmediata de la pena, pese a que la condena aún no está en firme, y el uso de agravantes genéricas duplicadas, lo que podría vulnerar el principio de proporcionalidad y abrir la puerta a recursos nacionales e internacionales.

¿Condena de Álvaro Uribe puede revisarse en instancias internacionales?

El jurista fue enfático: “La sentencia prioriza la narrativa política sobre el análisis jurídico estricto. Al fundamentar la privación inmediata de libertad en la necesidad de dar un ‘mensaje ejemplarizante’, la decisión se desplaza del terreno legal hacia el simbólico”.

Este enfoque podría activar una revisión internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), especialmente por posibles violaciones a la libertad personal, derechos políticos y debido proceso, anotó Botero.

Botero también señaló inconsistencias técnicas y dispersión argumentativa: “El fallo dedica extensas páginas a una narrativa política y moral, mientras ofrece motivaciones técnicas fragmentarias. […] Dificulta identificar con precisión cómo cada prueba sustenta cada conclusión jurídica, exponiendo la decisión a impugnación por falta de motivación suficiente”.

Finalmente, el abogado advirtió que esta forma de juzgamiento puede dejar “en entredicho la neutralidad del sistema judicial colombiano”. Si no es corregida en instancias superiores, podría derivar en responsabilidad internacional del Estado, justamente ante la CIDH.

“No se trata de cuestionar el control judicial ni la exigencia de responsabilidad penal. Se trata de advertir que cuando la justicia adopta el lenguaje del espectáculo, se erosiona la confianza en el Estado de Derecho“, concluyó.

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