Psicóloga aseguró que no recibió $ 62 millones en caso contra exalcalde de Valledupar

A pesar de que este jueves no resolvieron la media de aseguramiento que impondrán al exalcalde Augusto Daniel Ramírez Uhía, acusado de corrupción, se conocieron mayores detalles de la investigación por el contrato de educación que celebró el 29 de octubre de 2019.

Se trata de una declaración que la psicóloga Irina Palacio Paternina entregó a la Fiscalía, sobre su participación en el contrato que la Alcaldía suscribió con la empresa Creciendo con el fin de fortalecer las habilidades en los estudiantes del grado 11, para mejorar su desempeño de admisión en las instituciones de educación superior.

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Irina Palacio afirmó que a ella la contrató de manera verbal César Augusto González Armenta y no recibió de pago los $ 62 millones que sustentaron en el resultado del proyecto, cuyo sueldo con retención en la fuente quedaba en $ 55.600.000.

“Quiero aclarar que esa suma de los $ 55.600.000 nunca las recibí y si así hubiera sido, hubiera pedido que me los consignaran a mi cuenta bancaria, ya que yo soy responsable de declarar renta y apenas hasta que usted (el funcionario) me llamó para citarme el día de ayer me enteré que existían esos documentos firmados por mí y recibiendo ese montón de plata”, reza la declaración.

Explicó, también, que en una noche del mes de diciembre Aida Giselly Fernández, compañera permanente de César Augusto González, quien apoyaba a uno de los grupos de trabajo, le solicitó firmar unos documentos para el pago de las psicólogas.

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“Pero como en ese momento me llamaron para la intervención en tarima y era un evento masivo, yo no tuve el cuidado ni la oportunidad de leer el documento y creo que podría ser eso”, aseguró la mujer en la declaración.

La psicóloga al igual que otras personas fue entrevistada por la Fiscalía debido a que la Alcaldía aseguró que les pagó $ 62 millones por honorarios, pese a que debieron recibir unos $ 4.650.000, según la Fiscalía. Finalmente, también determinaron que pagaron alquileres de carros, de los cuales uno de los vehículos era del mismo contratista César González Armenta.

No obstante, la Fiscalía 12 seccional pidió que el exmandatario Augusto Ramírez, el exsecretario General, José Lechuga y los contratistas César González y Carlos Trespalacios fueran cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria. Además, pidió que al exsecretario de Educación, Luis Matute, se le diera una no privativa de la libertad.

El exalcalde Augusto Ramírez, por su parte, dijo que no representaba peligro para la sociedad, por lo que no consideraba necesario imponer alguna medida en su contra. Aseguró también que ha actuado con transparencia y que si hubo manipulación de algún documento tomará las acciones correspondientes.

Pero mostró inconformismo de que la Fiscalía para hacerlo comparecer emitiera una orden de captura. “Lo más sensato es que nos hubiesen escuchado por lo menos en interrogatorio de indiciado, que nos hubiese permitido explicar, pero lo que desplegó el ente fue una orden de captura sabiendo que estoy en domicilio cumpliendo una pena”, aseguró Ramírez Uhía.