Paramilitarismo en La Guajira: Mancuso condenado por 117 crímenes contra comunidades indígenas Wayúu

El Tribunal Superior de Barranquilla, a través de su Sala de Justicia y Paz, dictó sentencia condenatoria contra Salvatore Mancuso Gómez, antiguo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), por su responsabilidad en 117 delitos realizados entre 2002 y 2006 en el departamento de La Guajira. De acuerdo con lo establecido por el Tribunal, los hechos afectaron seriamente a los miembros del pueblo Wayúu y otras comunidades asentadas en la región, quienes fueron víctimas de una secuencia de crímenes sistemáticos que incluyeron homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos forzados y actos de violencia de género.

Los fundamentos de la sentencia se apoyan en las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía General de la Nación, evidenciando cómo los integrantes del Frente Contrainsurgencia Wayúu —organización adscrita al Bloque Norte de la AUC y conformada por aproximadamente 150 hombres— actuaron bajo instrucciones directas de Mancuso para expandir su control en el territorio wayúu y áreas aledañas a la Sierra Nevada de Santa Marta. Este frente fue constituido específicamente en marzo de 2002, con la consigna de ampliar la influencia paramilitar en la zona y ejercer control social y territorial mediante el uso de la violencia.

Entre los hechos esclarecidos por el fallo destaca el violento asalto a la ranchería Manaki, ubicada en Uribia, el 10 de octubre de 2003. Durante este ataque, los hombres armados sometieron a los habitantes indígenas, provocando daños físicos, pero también atentando contra sus bienes vitales y objetos de gran valor cultural, como chinchorros, mochilas y mantas, los cuales fueron destruidos o robados. A este episodio se suma el homicidio de dos indígenas en la ranchería Kepischon el 17 de marzo de 2002, sumando así una serie de crímenes que impactaron profundamente a la estructura social y cultural de las comunidades afectadas.

Como resultado de la investigación y los hechos comprobados, Salvatore Mancuso fue sentenciado a 40 años de prisión, una sanción económica equivalente a 30.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y la imposibilidad de ejercer cargos públicos por igual periodo. Sin embargo, la decisión contempla que Mancuso podrá optar por una reducción a 8 años de prisión según los beneficios de la Ley de Justicia y Paz, en caso de cumplir con los compromisos de esclarecimiento de la verdad y reparación de las víctimas, tal como lo determina la normativa especial para la reintegración y juzgamiento de los exintegrantes de grupos armados ilegales.

El Tribunal Superior de Barranquilla también reconoció como sujetos de reparación colectiva a las comunidades indígenas de Carraipia, Majayura y Malaki en Uribia, junto con la comunidad de Matitas en Riohacha. Esta medida busca contribuir a la reconstrucción del tejido social y cultural de los pueblos golpeados por el actuar paramilitar, bajo el entendido de que estas dinámicas violentas no solo afectaron a individuos, sino a estructuras colectivas esenciales para la identidad de la región.

¿Qué implica ser sujeto de reparación colectiva en el contexto de Justicia y Paz?

El reconocimiento como sujeto de reparación colectiva implica que las comunidades afectadas por crímenes como los atribuidos a Salvatore Mancuso recibirán medidas específicas que buscan restaurar tanto los daños materiales como simbólicos ocasionados por el conflicto armado. Este tipo de reconocimiento se traduce en acciones institucionales orientadas a fortalecer nuevamente el tejido social, preservar la cultura y atender necesidades puntuales que surgieron a raíz de los crímenes.

La inclusión de esta figura dentro de las sentencias de Justicia y Paz responde a la necesidad de abordar el impacto del conflicto armado más allá de las víctimas individuales, considerando cómo los patrones de violencia paramilitar alteraron la cohesión social, la gobernanza territorial y las expresiones culturales fundamentales para los pueblos indígenas y comunidades rurales de Colombia.