Salvatore Mancuso condenado a 40 años: Justicia histórica para comunidades wayúu víctimas de paramilitarismo

En una decisión determinante para la justicia transicional en Colombia, la Fiscalía General de la Nación anunció este lunes 19 de enero de 2026 la condena a 40 años de prisión impuesta al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso. La sentencia fue proferida por la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Barranquilla, tras comprobar la responsabilidad de Mancuso en 117 crímenes perpetrados entre 2002 y 2006, principalmente en contra de la comunidad indígena wayúu y otras poblaciones en el departamento de La Guajira. Esta decisión se sustenta en una investigación exhaustiva que recogió pruebas de su liderazgo dentro del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), uno de los principales grupos paramilitares del país.

De acuerdo con la Fiscalía, Mancuso dirigió las acciones del frente Contrainsurgencia Wayúu, armado clandestino que ejecutó homicidios, desapariciones forzadas, desplazamientos y múltiples hechos de violencia de género contra las comunidades. Uno de los casos más emblemáticos incluidos en la investigación fue la incursión armada a la ranchería Manaki, en el municipio de Uribia, el 10 de octubre de 2003, donde habitantes indígenas sufrieron agresiones físicas y sicológicas durante varias horas y vieron destruidos y saqueados objetos tradicionales, como chinchorros y mochilas, elementos que además tenían alto contenido simbólico y constituían fuentes de subsistencia para las víctimas.

El alcance del accionar paramilitar bajo las órdenes de Mancuso también se evidenció en otros actos de violencia, como el asesinato de dos indígenas en la ranchería Kepischon el 17 de marzo de 2002. Según los fiscales a cargo del caso, estos hechos no fueron aislados, sino que formaban parte integral de una estrategia de expansión territorial y control armado impulsada por las AUC en el norte de Colombia.

La creación del frente Contrainsurgencia Wayúu en marzo de 2002, apoyado inicialmente por 150 integrantes, representó para las AUC un mecanismo para extender su influencia en zonas estratégicas de La Guajira, abarcando sectores de la Sierra Nevada de Santa Marta. Este despliegue contribuyó a incrementar la vulnerabilidad de las comunidades originarias.

Como parte de la sentencia, la Sala de Justicia y Paz reconoció a las comunidades indígenas wayúu ubicadas en Carraipia, Majayura y Malaki (Uribia), y Matitas (Riohacha), como sujetos de reparación colectiva, una medida que responde al daño sistemático padecido durante esos años. Además, el fallo incluyó la inhabilidad de Mancuso durante cuatro décadas para ejercer cargos públicos y una multa equivalente a 30.000 salarios mínimos. Sin embargo, el proceso podría acogerse a la Ley de Justicia y Paz, la cual permite la reducción de la pena hasta un mínimo de ocho años si se cumplen ciertos requisitos de colaboración y contribución a la verdad histórica.

El desarrollo y desenlace de este proceso, seguido atentamente por organizaciones de derechos humanos y autoridades judiciales, refleja el esfuerzo institucional por atender las demandas de verdad, justicia y reparación de las víctimas, en un contexto marcado por la persistente búsqueda de paz en Colombia.

¿Qué implica que una comunidad sea reconocida como “sujeto de reparación colectiva”?

La expresión “sujeto de reparación colectiva” hace referencia a una figura legal establecida como parte de los procesos de justicia transicional en Colombia. Según lo señalado en la sentencia, este reconocimiento implica que comunidades enteras, y no solo individuos aislados, son identificadas como víctimas de violaciones sistemáticas de sus derechos. Por tanto, la reparación debe ir más allá del resarcimiento personal y considerar intervenciones que restauren, simbólica y materialmente, el tejido social, cultural y económico devastado por el conflicto.

Este enfoque colectivo busca adaptar las medidas de justicia a las características propias de cada comunidad, tal como ocurre con los wayúu en La Guajira, donde los impactos del accionar paramilitar afectaron elementos esenciales de su identidad y autonomía. Reconocerlos como sujetos de reparación colectiva es un paso significativo para reconstruir sus proyectos de vida y proteger su cultura ancestral.