Oponerse a cuotas políticas del Gobierno habría sacado a Cristina Plazas del ICBF

Una carta que, supuestamente, envió Presidencia a Bienestar Familiar para reclamar por un nombramiento que no se hizo fue el detonante.

La misiva la mandó, según W Radio, el departamento de jurídica de Presidencia de la República y en ella se cuestionaba “el por qué Cristina Plazas en su momento declinó el nombramiento de la señora Jacqueline Hernández Pallares como directora de la regional en Sucre”.

El documento tiene fecha del 10 de julio de 2017 y está firmada, de acuerdo con la emisora, por la asesora jurídica Danna Suárez Villalba, y plantea varios interrogantes “que ponen en tela de juicio, una y otra vez, la forma en que la funcionaria rechazó la orden del gobernador de Sucre, Édgar Martínez”.

Negarse a este nombramiento le trajo líos legales a Cristina Plazas a tal punto que un juez en Sincelejo ordenó, en mayo de este año, que la funcionaria debía pagar una multa de 10 salarios mínimos legales y 10 días de arresto por desacato a una tutela.

No obstante, Plazas alegó en ese momento que la decisión en su contra era injusta porque la recomendada Hernández Pallares estaba inhabilitada para ejercer ese cargo, pues era cercana a la entidad y tenía varios contratos con Bienestar Familiar.

Y así lo vuelve a confirmar la emisora, que cita fuentes para decir que “justamente Hernández (Pallares) fue elegida como cuota del representante Nicolás Guerrero, del partido de la U, todo con el fin de apoyar al senado al aspirante Carlos Espinoza, quien es sobrino del gobernador”.

Pero cuando la W Radio le preguntó a la asesora de Presidencia por los reclamos que se le hacían a Plazas en la carta, su respuesta fue que desconocía ese tema.

“Yo no manejo casos de personas en específico, solo hago la parte jurídica de las instituciones (…) si realmente tuviera algo, por lo menos me acordaría, ¡pero no!”, explicó Suárez Villalba, citada por la frecuencia radial.

A Plazas también la venían presionando desde la orilla del liberalismo para que renunciara, y la entonces funcionaria advirtió que se trataba de una supuesta persecución política por no haberle cedido un contrato de alimentación a la Fundación Lucerito, de la que la senadora Sofía Gaviria fue su fundadora, indicó El Espectador.

Entonces, la congresista se defendió, en abril de 2016, y dijo al impreso capitalino: “es cierto que, hace once años, fui una de las 120 personas agrupadas para crear esta entidad sin ánimo de lucro, con el objetivo de auxiliar a niños, pero desde hace más de diez años no hago parte de su junta directiva”.