"Prebendas para convencer": Zuleta, por movida de Petro con paramilitares en contra de De la Espriella y Uribe

Un sismo político y judicial sacude al país tras conocerse una carta de cuatro páginas enviada por David Murcia Guzmán a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal. Desde la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander), el creador de la pirámide DMG se retractó formalmente de los graves señalamientos que lanzó el pasado mes de febrero en contra de Abelardo De La Espriella, cuando este último se encontraba en plena campaña presidencial. En el documento, Murcia confesó sin ambages que sus acusaciones estuvieron precedidas por falsas expectativas e incentivos planteados desde sectores cercanos al anterior Gobierno nacional, los cuales le prometieron su libertad y una eventual designación como “gestor de paz”.

El escándalo escaló rápidamente en el debate público y fue analizado a fondo en los micrófonos de Mañanas Blu, espacio donde el periodista Felipe Zuleta aseguró que el episodio protagonizado por Murcia no constituye un hecho aislado, sino que haría parte de una presunta estrategia sistemática del gobierno de Gustavo Petro. Según el comunicador, existen antecedentes de gestiones similares adelantadas directamente con actores armados al margen de la ley con claros propósitos políticos.

Durante su intervención en el programa radial, Zuleta lanzó una revelación de alta tensión al asegurar que el Ejecutivo anterior también desplegó a altos funcionarios para reunirse de manera clandestina con integrantes de grupos paramilitares en el contexto del denominado “cierre de Ralito”.

De acuerdo con el relato del periodista, la misión encomendada a dichos funcionarios estatales consistía en presionar y convencer a exparamilitares mediante la oferta de jugosas “prebendas” y beneficios jurídicos, con el único objetivo de que emitieran declaraciones falsas o señalamientos comprometedores en contra de Abelardo De La Espriella y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aunque Zuleta afirmó contar con documentación de respaldo para probar sus afirmaciones, decidió reservar por el momento los nombres de los funcionarios involucrados, a la vez que mencionó el antecedente de Angie Rodríguez, quien presuntamente se habría negado a participar en dichas maniobras de presión institucional.

La retractación de Murcia Guzmán desmantela una de las piezas comunicacionales y judiciales más utilizadas por contradictores políticos durante la contienda electoral pasada. Al admitir que su ofensiva verbal respondía a un cálculo de prebendas y beneficios de la fallida “paz total”, el caso abre un interrogante profundo sobre los límites éticos y legales en la utilización de figuras humanitarias del Estado para fabricar persecuciones políticas.

Mientras el expediente avanza en los estrados judiciales para determinar las responsabilidades de quienes estructuraron estas promesas desde la administración saliente, el nuevo Gobierno reafirma su postura de depurar el aparato estatal de cualquier vicio de manipulación judicial, dejando expuestas las costuras de lo que hoy se perfila como uno de los mayores entramados de desinformación institucional de los últimos años.