Alerta en Chocó: 18 soldados retenidos en un resguardo indígena en medio de tensión y llamados al diálogo

La retención de 18 soldados del Ejército Nacional en el municipio de Carmen de Atrato, en el departamento de Chocó, ha generado alerta en las autoridades civiles y militares de Colombia. Estos uniformados se encontraban adelantando operaciones legítimas en contra del grupo armado Ejército de Liberación Nacional (Eln) cuando, según informó el Ministerio de Defensa en su cuenta oficial de la red social X, aproximadamente 200 personas los rodearon y los trasladaron por la fuerza hasta un resguardo indígena. Tal episodio fue dado a conocer inicialmente por la Décima Quinta Brigada del Ejército, que hizo énfasis en que el grupo de soldados fue impedido de continuar con su misión constitucional, la cual consistía en salvaguardar la vida de civiles y proteger el Estado colombiano.

Pedro Anulfo Sánchez, Ministro de Defensa, manifestó que las operaciones en ese sector del país se enfocan en la protección de la población civil, haciendo hincapié en el cuidado especial de las comunidades indígenas frente a amenazas como el desplazamiento forzado, la violencia armada, el reclutamiento de menores y otras problemáticas derivadas del conflicto. Así mismo, explicó que estas acciones responden a las Alertas Tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, entidad encargada de monitorear los riesgos a los derechos humanos en los territorios más vulnerables.

Justamente, la Defensoría del Pueblo aseguró que ya ha entablado diálogos con la comunidad correspondiente para concretar la liberación segura de los uniformados, según información proporcionada por la Gobernación del Chocó. De acuerdo con el comunicado de la entidad, se adelantaron coordinaciones interinstitucionales con la gobernación con el objetivo de garantizar que los militares regresen pronto y sanos tanto a sus familias como a sus respectivas unidades militares.

El Ministro de Defensa expresó su rechazo categórico a la retención, calificándola de secuestro y señalando que, además de una privación ilegal de la libertad, se presentan delitos como la obstrucción a la función pública y otros agravantes debido a que los retenidos son servidores públicos en ejercicio de una misión constitucional. Recalcó que ningún motivo ni forma de presión social justifica la vulneración de los derechos humanos de los militares, razón por la cual ya se han presentado denuncias ante la Fiscalía.

Mediante su cuenta en redes sociales, el Ministro Sánchez invitó nuevamente a las comunidades a una construcción conjunta de confianza, legalidad y protección, reiterando que “cuando se cierran las puertas a la Fuerza Pública, se abren a la ilegalidad”. En este contexto, el Gobierno busca cerrar cualquier espacio de acción a grupos criminales, fortaleciendo los lazos entre la institucionalidad y las comunidades para erradicar situaciones como la ocurrida en el resguardo La Puria, donde permanecen los 18 soldados bajo custodia de actores no estatales.

Los hechos han puesto de manifiesto la tensa relación existente entre algunas comunidades y la Fuerza Pública, así como la importancia de construir canales de diálogo y cooperación que eviten escenarios donde se ponga en peligro tanto a los militares como a los civiles. El caso sigue bajo el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, que encabeza la labor humanitaria para asegurar la pronta liberación de los uniformados.

¿Qué papel cumple la Defensoría del Pueblo en situaciones de retención de militares?

La actuación de la Defensoría del Pueblo resulta fundamental cuando se presentan hechos donde personas uniformadas son privadas de su libertad en medio de operativos oficiales. Esta entidad, responsable de la promoción y protección de los derechos humanos en Colombia, se encarga de mediar entre las autoridades, las comunidades y otros actores involucrados, con la finalidad de lograr soluciones pacíficas e integrales que garanticen la vida y seguridad de las personas afectadas.

En el caso de Carmen de Atrato, la Defensoría del Pueblo está acompañando la misión humanitaria y coordinando con la Gobernación del Chocó los esfuerzos necesarios para que los soldados regresen a salvo a sus hogares y se reduzca el riesgo de una escalada en el conflicto. Su intervención contribuye a restablecer el diálogo y la confianza entre las instituciones y las comunidades, buscando siempre la protección de los derechos fundamentales.