Ministerio de Justicia presenta proyecto para transformar las audiencias de imputación de cargos en Colombia

El Ministerio de Justicia, encabezado por Iván Cancino, prepara un ambicioso proyecto para modificar la estructura de las audiencias de imputación de cargos en Colombia, una de las bases de los procesos penales en el país. Según información obtenida por Caracol, la principal reforma consiste en que la audiencia de imputación dejaría de ser un trámite obligatorio para convertirse en una audiencia de terminación anticipada, que solo tendría lugar si la persona investigada busca una salida temprana al proceso penal. Dentro de estas alternativas se encuentran figuras como el principio de oportunidad, el preacuerdo, el allanamiento a cargos o la reparación integral. De no buscarse esta fórmula, la Fiscalía tendría la potestad de avanzar directamente a la acusación formal y solicitar el inicio del juicio.

La reforma también otorga al juez de control de garantías un papel más activo. Este funcionario contaría con un control material sobre la audiencia de acusación, manteniendo siempre los límites del sistema penal acusatorio y sin interferir en la acción penal, que sigue siendo competencia de la Fiscalía General de la Nación. El cambio propuesto implica ajustes en diversos procesos asociados, como la interrupción de la prescripción penal, las medidas de aseguramiento y la vinculación formal del procesado, todos dependientes hoy de la audiencia de imputación.

Respecto a los plazos, el proyecto establece tiempos específicos para cada etapa del proceso. Una vez concluida una audiencia de terminación anticipada, la Fiscalía tendría 30 días para la revisión de legalidad de acuerdos como allanamientos o preacuerdos. Si la audiencia de terminación anticipada no procede, habría 90 días para presentar la acusación o solicitar la preclusión; el plazo aumenta a 120 días si hay tres o más procesados o si son delitos de competencia de jueces penales de circuito especializados. Posteriormente, la audiencia preparatoria debe realizarse en máximo 90 días y el juicio oral dentro de los 45 días siguientes.

Para iniciar formalmente el proceso penal, la Fiscalía contará con dos años desde la denuncia o el conocimiento del hecho para imputar, acusar o archivar. Este límite se extiende a tres años si hay múltiples delitos o procesados, y hasta cinco años para delitos de competencia especializada. En delitos graves como homicidio, feminicidio y aquellos contra menores de 18 años, el plazo inicial será de ocho meses, prorrogable una sola vez por seis meses más si hay justificación. Si la Fiscalía no cumple los plazos, el fiscal a cargo será reemplazado en un plazo de tres días hábiles.

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¿Qué propone exactamente la reforma del Ministerio de Justicia sobre las audiencias de imputación de cargos?

La reforma plantea que la audiencia de formulación de imputación sea opcional y solo tenga lugar cuando la persona procesada quiera buscar una salida anticipada al proceso, como el principio de oportunidad o el preacuerdo. De no darse este escenario, la Fiscalía podría formular la acusación directamente y continuar el proceso. El proyecto, según Caracol, busca acelerar los procesos y otorgar mayor control al juez de garantías.

¿Cuáles serían los nuevos plazos en el proceso penal colombiano con la reforma?

Con la propuesta, desde que la Fiscalía conoce el caso, tendrá hasta dos años para imputar, acusar o archivar la investigación. Este plazo será mayor en casos más complejos: tres años si hay concurso de delitos o varios acusados y cinco años si lo manejan jueces especializados. Además, se establecen plazos específicos para cada etapa, con límites más estrictos para delitos graves o contra menores de edad.