Terrible cifra de reclutamiento de niños en Colombia; usan plataformas digitales y dato de Unicef aterra
Más de 1.570 menores han sido víctimas de este delito en los últimos cinco años. Organismos internacionales advierten sobre el aumento del reclutamiento.
En Colombia, un niño o niña es reclutado por un grupo armado cada 22 horas. La cifra fue presentada por Unicef durante la Conferencia de Alto Nivel sobre Prevención del Reclutamiento, en Bogotá, donde representantes del Gobierno, organismos internacionales y jóvenes de diferentes regiones hicieron un llamado a fortalecer las acciones para proteger a la niñez del conflicto armado.
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De acuerdo con la información divulgada por el organismo internacional, más de 1.570 niños, niñas y adolescentes han sido afectados por el reclutamiento y la utilización en los últimos cinco años. Además, esta violación de los derechos de la infancia registró un incremento del 300 % entre 2019 y 2024.
El encuentro fue organizado por los gobiernos de Suecia y Canadá, junto con Unicef, con el propósito de movilizar compromisos y alianzas para enfrentar este delito. Durante la jornada se insistió en que la prevención debe convertirse en una prioridad de las políticas de seguridad, educación, justicia y desarrollo territorial.
Reclutamiento de menores en Colombia aumentó 300 % entre 2019 y 2024
La dimensión del problema quedó expuesta durante la conferencia, en la que participaron representantes del Gobierno Nacional y de Naciones Unidas. Entre ellos estuvo Vanessa Fraizer, secretaria general adjunta de la ONU y representante especial sobre niñez y conflictos armados.
La funcionaria insistió en que el reclutamiento infantil no es una consecuencia inevitable de la violencia y que existen mecanismos para impedir que los grupos armados involucren a menores en sus actividades.
“El reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes no es inevitable. Es prevenible. Y juntos tenemos la responsabilidad de garantizar que cada niño y niña en Colombia crezca seguro, protegido, educado y libre para desarrollar todo su potencial”, afirmó Fraizer.
En representación del Gobierno participaron el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Daniella Restrepo. Ambos manifestaron el compromiso institucional de trabajar en la prevención, la desvinculación de menores que permanecen en poder de organizaciones armadas y la restitución de sus derechos.
Cancino señaló que impedir el reclutamiento y garantizar el regreso de quienes han sufrido esta situación son acciones fundamentales para romper los ciclos de violencia en el país.
“El reclutamiento no destruye únicamente el proyecto de vida de un niño, una familia o una comunidad: compromete el futuro de un país”, expresó el ministro.
Por su parte, Restrepo destacó la importancia de la cooperación internacional para fortalecer las medidas que permitan reducir este delito y garantizar la protección de los menores en las regiones afectadas por el conflicto.
Grupos armados utilizan herramientas digitales para reclutar menores
Uno de los asuntos que causó preocupación durante la conferencia fue el uso de herramientas digitales por parte de organizaciones armadas para identificar, contactar y atraer a niños, niñas y adolescentes.
Esta modalidad plantea nuevos desafíos para las autoridades, las familias, las instituciones educativas y las plataformas tecnológicas, pues las estrategias de captación también pueden desarrollarse en espacios digitales a los que los menores tienen acceso cotidiano.
Los participantes coincidieron en que enfrentar este fenómeno requiere compromisos de las empresas tecnológicas, programas de alfabetización digital y acompañamiento a las comunidades. También insistieron en la necesidad de ofrecer alternativas educativas y económicas a los jóvenes que viven en territorios afectados por la violencia.
La representante de Unicef en Colombia, Tanya Chapuisat, recordó que el país cuenta con instituciones, estrategias y normas para combatir el reclutamiento, pero advirtió sobre la importancia de fortalecer su implementación en las regiones donde los menores enfrentan mayores riesgos.
En la discusión también participaron jóvenes de diferentes territorios, quienes compartieron sus experiencias y propuestas para mejorar las acciones de prevención.
Jesús, de Arauca, y Giselle, de Buenaventura, hablaron en representación de un grupo de 18 jóvenes que se reunió antes de la conferencia para plantear iniciativas a los gobernantes y a la comunidad internacional.
“Queremos pedirles que sus compromisos también se conviertan en financiación de programas y políticas públicas enfocadas a cambiar esas realidades. Nada para nosotros, sin nosotros”, manifestaron.
Nuevo gobierno y Plan de Desarrollo, oportunidades para frenar el reclutamiento
La conferencia también puso sobre la mesa dos escenarios que podrían marcar el rumbo de las políticas de prevención en Colombia: el inicio de un nuevo gobierno y la discusión del Plan de Desarrollo.
Los participantes señalaron que ese proceso representa una oportunidad para establecer programas específicos, definir responsabilidades institucionales y garantizar recursos para atender a los menores que viven en zonas con presencia de grupos armados.
Entre las medidas planteadas se encuentran ampliar la presencia estatal en los territorios, fortalecer la educación, garantizar el acceso a servicios básicos y generar oportunidades económicas para los jóvenes.
Elizabeth Williams, embajadora de Canadá, sostuvo que la prevención debe comenzar antes de que los grupos armados logren acercarse a los menores y convencerlos de participar en el conflicto.
“La prevención del reclutamiento comienza mucho antes que un niño o niña sea cercado por un grupo armado, comienza cuando fortalecemos la educación, ampliamos oportunidades, escuchamos a los jóvenes y aseguramos que el Estado está presente donde más se necesita”, afirmó.
La representante diplomática también destacó la importancia de involucrar al sector privado y promover alianzas que permitan desarrollar oportunidades educativas y económicas en las comunidades más afectadas.
La embajadora de Suecia, Maria Cramér, coincidió en que la protección de la niñez requiere una respuesta colectiva y cooperación entre países, instituciones y organizaciones sociales.
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